La izquierda busca el apoyo del PP para acabar con la 'opacidad' de las encuestas del Gobierno

La izquierda se ha propuesto acabar con la 'opacidad', la 'discrecionalidad' y las 'irregularidades' de las encuestas encargadas por el Gobierno catalán y pagadas, por tanto, con dinero público. Los tres grupos de izquierda coinciden en que el actual modelo favorece en exclusiva los intereses de Convergència i Unió y se dirigirán al Partido Popular para tratar de imponer un marco 'menos partidista'. Los conservadores no se sumarán a la propuesta tal como está redactada, pero ayer mismo mostraron su predisposición a diseñar un sistema 'más transparente'. Según ERC, el Gobierno ha ocultado al Parlament el 80% de los sondeos encargados, dato que el Ejecutivo niega.

En el ecuador de la legislatura, la izquierda se ha puesto en guardia para tratar de llegar a los próximos comicios sin que el Gobierno catalán utilice todos los recursos públicos para favorecer las aspiraciones del candidato de CiU, Artur Mas. Si el lunes socialistas, Esquerra e Iniciativa presentaron una propuesta para evitar que Mas controle toda la publicidad institucional, ayer volvieron a comparecer conjuntamente para afrontar un asunto que también consideran muy sensible: las encuestas de opinión.

En los últimos tres años, el Ejecutivo catalán se ha gastado casi 600 millones de pesetas en sondeos, pero a diferencia de lo que sucede con el Gobierno central, del que depende el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), todas las encuestas se encargan a unas pocas empresas homologadas -entre las que sobresale Line Staff Consulting- y apenas existe control sobre los datos. Formalmente, el Ejecutivo está obligado por ley a depositar todos los sondeos en un registro del Parlament y en el Instituto de Estadística de Cataluña, pero en ocasiones la entrega se ha realizado con mucho retraso.

La última encuesta electoral encargada por el Gobierno catalán antes de las pasadas elecciones autonómicas, por ejemplo, se entregó al Parlament con 17 meses de retraso y algunos de los estudios aportados recientemente al registro se elaboraron en 1999 e incluso en 1998.

Además algunas de las encuestas se han entregado a la Cámara parcialmente, sin aportar datos de interés electoral. El diputado socialista Miquel Iceta ofreció ayer como prueba una encuesta realizada por Line Staff en julio de 1999 sobre la actividad del Gobierno catalán: del estudio entregado al Parlament había desaparecido el apartado Ambiente electoral, que sí se entregó en cambio al Instituto de Estadística.

El diputado de ERC Joan Ridao fue más allá en la crítica del actual sistema: aseguró disponer de datos que demuestran que el Gobierno catalán oculta a la Cámara el 80% de los sondeos que encarga, aunque dijo que ésta es todavía una conclusión provisional del estudio que está llevando a cabo su grupo.

El Gobierno catalán rechazó este porcentaje y mediante una nota aseguró que cumple con todas las exigencias que le marca la ley. En la nota se sostiene que ha entregado el 100% de las encuestas al registro correspondiente y se atribuyen las críticas al supuesto malestar de la oposición por los datos favorables al Ejecutivo que arrojan las encuestas encargadas por éste.

Iceta, Ridao y el presidente del grupo de Iniciativa, Rafael Ribó, presentaron la proposición no de ley y emplazaron al PP a sumarse a ella en pos de la 'transparencia'. La izquierda pidió ayuda a los conservadores para establecer un sistema que al menos emule el del Gobierno español, un argumento muy sensible para el PP, que en los últimos tiempos ha expresado su malestar con el ninguneo al que le somete CiU.

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Nadal, descartó ayer sumarse a la iniciativa impulsada por la izquierda tal como está redactada actualmente. No obstante, mostró su interés por cambiar la situación actual. 'Esto no puede continuar así, es necesario regular la elaboración de encuestas del Gobierno y hacer el sistema más transparente', aseguró.