Contra la Ley de Universidades

La presentación el 27 de julio en el Parlamento, por parte del Gobierno, del proyecto de Ley de Universidades ha supuesto la renuncia del Ministerio de Educación a cualquier tipo de debate sobre la Ley. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de la reforma de la enseñanza superior, la responsabilidad política ante el futuro es mucho mayor. Después de la actitud que ha tenido el Gobierno, y a la vista del texto presentado, podemos decir que estamos delante de una verdadera contrarreforma de la enseñanza superior que pretende entre otras cosas una jerarquización de las relaciones internas de la universidad y una evidente pérdida de autonomía frente a los poderes públicos. Es evidente que la Ley anterior, la LRU (1983), necesitaba una profunda reforma o una nueva ley, por ello, cuando el Gobierno anunció la presentación del anteproyecto de ley, la Federación de Enseñanza de CCOO ya había hecho pública una plataforma de 13 puntos básicos para la nueva ley de Universidades en la que se establecían los mínimos necesarios que, según CCOO, debería recoger el nuevo texto normativo. Esta plataforma se dividía en tres bloques: financiación para corregir los actuales déficit en inversiones, órganos de Gobierno que reconozcan la autonomía universitaria como pilar fundamental, y una apuesta por la participación y corresponsabilidad en el gobierno de la Universidad. En un tercer bloque proponíamos un modelo de carrera profesional para el PAS y para el PDI impulsando medidas de estabilidad laboral. Estas propuestas fueron presentadas al Ministerio que les dio cabida en una ficticia negociación sin ningún acuerdo concreto.

Pero la realidad del proyecto de ley no sólo no ha recogido algo de lo que proponía CCOO y amplios sectores de la Universidad, sino que opta por una verdadera agresión a los derechos del PAS y una precarización y ruptura de la carrera profesional al PDI.

La falta de un plan de financiación va a suponer de nuevo que sea inviable cualquier propuesta de consolidación y mejora de la Universidad.

La LOU provoca un retroceso democrático al potenciar órganos unipersonales frente a colegiados, llegando a establecer que decanos y decanas, directores y directoras de centros podrán ser elegidos o designados. De la misma forma, al PAS se le reduce la representación en los consejos de departamento promoviendo además un enfrentamiento con los estudiantes en el reparto de la representatividad.

Se anula en algunos aspectos la negociación colectiva al disminuir la representación del PAS en los distintos órganos.

La LOU establece una carrera docente llena de obstáculos en la que, tanto para el acceso como para la promoción, habrá una habilitación estatal que, lejos de ser una garantía de igualdad fomentará los grupos de presión tal como existía antes de la LRU. Esta habilitación estará primero condicionada al número de habilitaciones que convoque el Consejo de Coordinación Universitaria (no de la capacidad y mérito de los que se presenten) y después habrá que esperar a que las Universidades convoquen plazas. A esto hay que unir el evidente aumento de la precariedad que se va a dar en las universidades al permitir esta Ley que hasta un 49% del personal docente e investigador sea contratado, con disminución de su representación y con escasos derechos.

Vista la escasa capacidad de consenso del Ministerio a nadie se le escapa a estas alturas que la ley que propone el Gobierno del PP, es una vuelta atrás al modelo pre-LRU basado en el control político de las universidades, por ello escogen un modelo plebiscitario de elección del rector o rectora que da pie a un fuerte presidencialismo. Los ataques por parte de la Ministra y el Presidente del Gobierno a los rectores son fruto de la lectura simplista del papel que tienen los rectores en las universidades españolas: sus declaraciones y posicionamientos responden mayoritariamente al sentir de un claustro y una junta de gobierno elegidas democráticamente y no de opiniones personales.

Esta contrarreforma responde a un plan más amplio y ambicioso del gobierno popular: reformar el actual sistema educativo e implantar uno más selectivo. El decreto de Humanidades, la anunciada Ley de Calidad son algunos ejemplos de ese plan. Podíamos resumirlo así: elevemos la exigencia de conocimientos, seleccionemos al alumnado y así tendremos unos mejores profesionales etc. Obviando lo que muchas sociedades están implantando: cuanta más gente y más extensa sea la formación en un país, mayores las posibilidades de progreso del mismo.

Queremos que la Generalitat Valenciana también dé su opinión. En mayo de este año, en una reunión informal con organizaciones sindicales, a la espera de la constitución de la Mesa Sectorial de Universidades, le fue entregado al Director General de Universidades, Salvador Forner, un escrito firmado por CCOO y tres organizaciones más pidiendo la negociación de la futura ley. Nunca más hemos sido convocados.

Ante todo ello, y con el fin de evitar que la mayoría absoluta en el Parlamento aplaste la posibilidad de un debate, las Federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO hemos convocado el día 7 de noviembre una jornada de huelga que, junto a organizaciones juveniles y estudiantiles, sirva para impulsar la movilización y para conseguir una nueva ley que responda a las necesidades de una sociedad más avanzada.

Manuel Picó Tormo es Secretario General de la Federació d'Ensenyament CCOO PV