Argentina corre hacia el precipicio

Dos semanas después del revés sufrido por el Gobierno argentino en las elecciones del 14 de octubre, el presidente Fernando de la Rúa todavía no ha anunciado ninguno de los cambios en el Gabinete prometidos la noche de los comicios para revertir una recesión económica que cumple ya 40 meses. Todo está paralizado a la espera de un acuerdo que no só no llega entre el Gobierno federal y las administraciones de las provincias, que en conjunto arrastran una deuda de más de 21.000 millones de dólares (8.000 millones en crédito directo de bancos locales), sino que la negociación se ha roto abruptamente. El problema es que, cada día que pasa, menos argentinos creen en un golpe de timón de un presidente impopular y debilitado, que acumula un claro deterioro del bienestar -17% de desempleo y 33% de pobreza-, una altísima conflictividad social -huelgas y cortes de carretera diarios- y un endeudamiento inmanejable del Estado.

Una de las discusiones es el recorte de los 1.364 millones de dólares que el Estado transfiere a las provincias

Una misión del FMI llegará esta semana a Buenos Aires para dar la luz verde al desembolso de 1.260 millones de dólares

Cuando parecía que el acuerdo Estado-provincias estaba a punto de cerrarse, la noche del jueves los gobernadores peronistas se levantaron de la mesa de negociaciones y dieron un portazo después de un enfrentamiento verbal, con insultos incluidos, con el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esta ruptura coloca al sistema financiero argentino al borde del abismo. Los principales puntos en discusión son el recorte de los 1.364 millones de dólares que el Estado transfiere mensualmente a las provincias, la refinanciación de las deudas provinciales con los bancos a un interés inferior al 24% actual y el pago de las deudas del Estado con las provincias a través de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), que sustituirán a los bonos emitidos por varias administraciones provinciales, como los patacones en Buenos Aires. Todas ellas son medidas que Cavallo justifica como imprescindibles para cumplir con la ley de déficit cero.

El nuevo escenario político configurado después de las elecciones, en las que el peronismo consolidó su poder en la mayoría de provincias, hace imperativo un nuevo marco de relación entre el Gobierno central y los poderes provinciales. Un acuerdo exige concesiones de ambas partes: las provincias tienen que renunciar a la suma fija mensual de coparticipación federal, que se establecerá en función de lo que recaude el Estado, y apoyarán en el Congreso la ley de crédito público, y el déficit cero como ley convenio. A cambio, el Gobierno central coparticipará en el canje de la deuda provincial, acordando con la banca privada una rebaja de los intereses (del 24% al 7%) y garantizará los títulos que reemplazarán a los distintos bonos que emitieron las provincias para pagar los sueldos de los funcionarios.

Actualmente, los gobernadores reclaman una deuda de 520 millones de dólares de la coparticipación de impuestos de los últimos tres meses, y los 1.364 correspondientes al último trimestre del año, tal y como se acordó en noviembre del 2000. La falta de confianza política en estos momentos es muy grande entre unos y otros.

La deuda externa, la carga más pesada sobre la economía argentina -136.000 millones de dólares del sector público, más 20.000 millones del sector privado- es imposible de pagar en los términos actuales, según coincide la mayoría de políticos y economistas. Los intereses de los próximos tres años superan los 40.000 millones de dólares. Sin una reestructuración programada, la economía argentina no saldrá a flote.

El paquete de nuevas medidas de ajuste que tiene en cartera el equipo de Domingo Cavallo incluye un canje de bonos de deuda pública en poder de los fondos de pensiones, que tropieza con serias resistencias; flexibilización de los encajes bancarios para dar mayor liquidez al sistema financiero; un nuevo mecanismo para pagar los subsidios locales a desempleados e indigentes; un nuevo ajuste del sector público, con recortes de hasta el 30% en gastos operativos de organismos y ministerios, y jubilaciones anticipadas.

Para estimular el consumo y combatir la evasión, el Gobierno propone devolver tres puntos del IVA en compras con tarjeta de crédito (actualmente, del 21%). Este impuesto es el que más dinero aporta al Tesoro (19.000 millones de dólares al año) y hay que tener en cuenta que, en septiembre, la recaudación por IVA cayó un 31,4% respecto a hace un año.

Al no mejorar el ingreso, el Gobierno se encuentra acuciado por el déficit y está obligado a más recortes presupuestarios, después de haber rebajado los salarios de funcionarios y pensionistas y de haberse enfrentado a protestas sociales generalizadas. Los planes de competitividad (planes sectoriales de reducción de impuestos, canasta de monedas, factor de convergencia) puestos en marcha por Domingo Cavallo, con el aval del Congreso, que le otorgó en su día poderes especiales, no han dado resultados y han puesto de relieve que sin orden fiscal no hay reactivación posible.

La producción industrial ha caído un 3,8% de promedio en lo que va de año, y en septiembre el desplome fue del 8,2% con relación al mismo mes del año anterior. Ni bajo el efecto tequila, en 1995, se alcanzó un porcentaje tan negativo. El sector automotor es el más afectado, con un retroceso del 48%, seguido del textil, con el -21%. Las ventas de automóviles se han derrumbado a pesar de las facilidades de pago. Ya no es sólo una cuestión de precio; en una época de recortes salariales y de despidos pocos se aventuran a cambiar de coche.

Argentina no será abandonada a su suerte. Una misión del FMI llegará esta semana a Buenos Aires para auditar las cuentas fiscales y dar la luz verde al desembolso de 1.260 millones de dólares correspondientes al préstamo (blindaje) de 8.000 millones acordado en agosto pasado. Tomás Reichmann, encargado de Argentina en el FMI, ha dicho esta semana en la capital argentina que el organismo no contempla aportar fondos suplementarios, aunque en caso de extrema necesidad el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sí podrían enviar dinero fresco.