Dos preguntas ociosas

EL PRESIDENTE DEL PNV propuso hace ocho días, ante una asamblea de las juventudes de su partido (EGI), la eventual celebración de una consulta para que 'el pueblo vasco diga formalmente que ETA debe desaparecer'. Esta vez, la iniciativa de Arzalluz no fue criticada únicamente por la oposición en el Parlamento de Vitoria; también el consejero que representa a Izquierda Unida en el Gobierno de Ibarretxe descartó la propuesta con el argumento de que la sociedad vasca ya se ha expresado 'suficientemente' sobre el asunto. En efecto, sólo los votantes de Euskal Herritarrok (un 10% del recuento total el 13-M) quedarían excluidos -seguramente no en su totalidad- del rechazo a ETA del 90% restante del electorado; un reciente sondeo del Gobierno de Vitoria reduce todavía más el porcentaje de ciudadanos vascos -un 6%- que se declaran cómplices morales de los terroristas.

Las peticiones y súplicas dirigidas a ETA por los actuales dirigentes del PNV para que 'deje de matar' han tenido como única respuesta la perpetración de nuevos atentados; no faltan indicios de que esas quejumbrosas exhortaciones fueron interpretadas por los terroristas como un síntoma de la debilidad de sus adversarios: también la sugerencia de Arzalluz podría producir ese efecto perverso. Para algunos políticos y periodistas, la propuesta del presidente del PNV probaría que el prolongado ejercicio del poder (sea al frente de un Gobierno o de un partido) termina por aislar de la realidad a sus titulares: la iniciativa, sin embargo, no es fruto de motivaciones psicopatológicas, sino que desempeña el papel de cimbel en la cacería de una segunda consulta.

Porque la enigmática referencia de Arzalluz a la posibilidad de que Euskadi hable con voz propia en Europa 'dentro de diez o quince años' hace pensar que su propuesta de confiar a las urnas la condena de ETA busca una coartada legitimadora para someter también a consulta popular otra pregunta ociosa: el referéndum de autodeterminación es la amenazante espada de Damocles mantenida en vilo por el PNV sobre la pacífica cohesión del País Vasco con el presumible objetivo de mejorar su capacidad negociadora para reformar el estatuto y de retener los votos radicales.

La Constitución no reconoce a las comunidades autónomas el derecho de autodeterminación, atribuye al presidente del Gobierno -previa autorización de las Cortes-la facultad de convocar referendos consultivos (artículo 92.2) y reserva al Estado la competencia exclusiva de autorizar 'la convocatoria de consultas populares por vía del referéndum' (artículo 149.1.32). Aun despojada de su condición de derecho y formulada como simple aspiración política, la exigencia de una consulta popular para que la sociedad vasca decida 'libre y democráticamente su propio futuro' (Ibarretxe dixit) es a la vez desestabilizadora y superflua. El 13-M, PP y PSOE (opuestos a la independencia) sumaron el 41% de los sufragios, e Izquierda Unida (defensora de la autodeterminación, pero no de la secesión) reunió el 5,5%. En el campo nacionalista, los votantes de Euskal Herritarrok siguen las consignas de ETA, que rechaza la independencia por separado del País Vasco, considera a Euskal Herria 'un jarrón fracturado en tres partes' (Euskadi, Navarra y los territorios ultrapirenaicos bajo soberanía francesa) y subordina la fantasmal autodeterminación del futuro Estado vasco transfronterizo unificado a la previa limpieza étnica de la población y del censo. Quedaría, así pues, el 42,7% de los votantes de PNV y EA como teórico sostén para la autodeterminación democrática de Euskadi; resulta muy improbable, sin embargo, que todos o una mayoría significativa de esos electores prefieran la independencia a la autonomía. En esa perspectiva, las apelaciones a la autodeterminación (aunque sea mediante los eufemismos utilizados por el lehendakari durante el debate del pasado jueves en el Parlamento de Vitoria) implican tensiones para el País Vasco tan peligrosas como costosas.