Enseñanza reconoce que tres colegios del Opus Dei incumplen los conciertos educativos

El Departamento de Enseñanza reconoce que los colegios La Vall, La Farga y Viaró, situados en el Vallès y vinculados al Opus Dei; Saint Paul's School, de Barcelona, y Pere Vergès, de Badalona, incumplen manifiestamente las condiciones de los conciertos educativos que les fueron concedidos. Un informe de los inspectores de Enseñanza, realizado poco después de que el sindicato USTEC-STE denunciara las subvenciones a estos colegios de élite ante los tribunales, advierte 'mecanismos de financiación irregular', 'fraude de ley' y 'mecanismos de selección encubierta del alumnado'.

El informe del inspector Eugeni García Alegre sobre La Vall, de Sabadell, indica que el centro 'no aporta ningún documento en el que se declare la gratuidad de la enseñanza'. El inspector advierte en su informe el sistema clásico por el que estos centros cobran a los padres por la educación de sus hijos y asegura que existe una 'vinculación entre la Fundación Vaixell y la escuela La Vall', lo que, en su opinión, 'es un indicio claro de la interrelación financiera existente entre las dos instituciones'. El inspector agrega que el hecho de que la primera preste ayuda económica o financie a la segunda induce a pensar en un mecanismo de financiación 'irregular o fraude de ley y, en definitiva, permite dudar de la efectiva y real gratuidad de las enseñanzas concertadas'.

En su informe, García Alegre recomienda 'pedir un dictamen jurídico sobre un posible fraude de ley sobre la gratuidad de las enseñanzas concertadas cuando las escuelas concertadas solicitan y las familias hacen donaciones a una fundación que financia el déficit de la escuela'.

De acuerdo con el informe, otra de las prácticas más manifiestamente ilegales que realizan algunas escuelas concertadas es la selección encubierta del alumnado, con el elemento de discriminación que supone. Legalmente, los criterios de admisión están fijados en el decreto de matriculación de la Generalitat, y los centros que reciben fondos públicos están obligados a regirse por el mismo.

El inspector transcribe un acta del centro La Vall sobre los criterios de preinscripción de nuevos alumnos -el centro habla de 'integración'- y enumera: 'Ser familiar de la escuela, tener un informe favorable de la junta de estudio, disponer de una garantía de apoyo de alguna entidad externa y que exista la posibilidad real del centro de atender al alumno'. Además, incluye una cláusula que permite a la dirección del centro revisar anualmente la continuidad 'de cada alumna integrada', lo que significa que el colegio se reserva la posibilidad de expulsar a la alumna si así le parece.

Según el informe del inspector, 'la redacción es confusa y aparentemente contraria a la legislación vigente, dado que ninguno de los criterios enumerados puede justificar la no admisión de un alumno o prohibir o impedir su matriculación en los cursos posteriores'.

A partir de este informe, el director general de Centros del Departamento de Enseñanza, Emili Pons, resolvió abrir un expediente al centro, lo que se denomina 'comisión de conciliación', que no tiene capacidad sancionadora, y destaca que La Vall 'no ha aportado documentación justificativa del uso del dinero del concierto' y ha aprobado 'criterios de preinscripción que no se ajustan a lo que dispone el decreto sobre admisión de alumnos'. Todo ello le lleva a concluir que 'ha incumplido las obligaciones derivadas del régimen de conciertos'.

En su informe sobre el colegio Viaró, de Sant Cugat del Vallès, el inspector Juan Cambeiro asegura: 'Estimamos que de la documentación disponible no puede deducirse el total cumplimiento de los compromisos que el centro adquirió con la formalización del concierto. Se plantean dudas y lagunas ya que no parece probable la existencia de documentos suficientes, y el centro ha tenido oportunidad de presentarlos'.

Sobre los pagos encubiertos, el inspector llega a una conclusión parecida a la de su homólogo. 'Hay que conocer y aclarar cuál es la vinculación entre la fundación y el centro; el hecho de que la primera preste ayuda económica induce a pensar en una financiación irregular o fraude de ley', asegura.

El informe de la inspección de Enseñanza afirma también: 'De todo lo expuesto se puede deducir la presencia presunta de hechos suficientemente graves como para considerar la oportunidad de las actuaciones previstas en el decreto (...) Habría que evaluar también la posibilidad de someter el control financiero a la Intervención General de la Generalitat (...) En cualquier caso, las intervenciones deberían ir encaminadas, como mínimo, a aclarar las situaciones y la eliminación de sospechas fácilmente generadas por las circunstancias y características del propio centro por la falta de transparencia'.

El mismo inspector, Emili Pons, informa sobre la escuela La Farga de Sant Cugat y también advierte problemas en su financiación. 'No se puede describir con detalle la financiación del centro, su vinculación con la Fundación Vaixell u otras', indica. 'La certeza absoluta de los aspectos financieros pide intervenciones específicas profundas y rigurosas que no están al alcance de la Inspección educativa', añade.

Incumplir obligaciones

Los informes sobre Saint Paul's School y Pere Vergés son muy parecidos. En ambos casos, el director general de Centros advierte un incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la financiación pública. Enseñanza reconoce que estos informes se pidieron a mediados del mes de marzo, cuando el sindicato USTEC-STES denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la concesión de conciertos a siete centros de élite que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas. Según un portavoz de Enseñanza, fue la propia consejera, Carme-Laura Gil, quien pidió la inspección y que se creara una comisión de conciliación.

La Ley Orgánica del Serecho a la Educación (LODE), de 1985, regula el procedimiento en caso de un incumplimiento 'grave' de las obligaciones derivadas de un concierto en su artículo 61, en el que se establece la constitución de una 'comisión de conciliación' que debe acordar 'por unanimidad' la adopción de las medidas adecuadas para 'solucionar el conflicto o enmendar la infracción cometida'.

El departamento indica que se ha aplicado la legislación vigente y se han subsanado los incumplimientos del concierto descubiertos por la inspección. Enseñanza garantiza que se han corregido las irregularidades. Sólo si una futura inspección observara que se siguen incumpliendo las condiciones del concierto podría plantearse alguna sanción. De hecho, la legislación permite que, una vez que un centro privado ha obtenido el concierto, pese a que no cumpla las condiciones, sea prácticamente imposible revocárselo. El coste anual de los siete centros anuales concertados es de 2.000 millones de pesetas. Enseñanza dedica una cuarta parte de su presupuesto -más de 100.000 millones de pesetas- a financiar al sector privado.