60 jóvenes han muerto a manos de la policía en Argentina en dos años
Las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, acusadas de ejecutar a menores
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha denunciado que un mínimo de 60 adolescentes murieron acribillados en presuntos enfrentamientos con agentes de la policía en los años 1999 y 2000. La mayoría de las víctimas había denunciado amenazas y torturas en comisarías. Una resolución del alto tribunal firmada por todos sus miembros alerta también sobre un millar de casos de menores torturados en los últimos 12 meses. El gobernador, Carlos Ruckauf, ordenó ayer la destitución de Ramón Verón como ministro de Seguridad de la provincia y de otros dos funcionarios.
Los supuestos enfrentamientos se produjeron con policías asignados en comisarías que habían sido objeto de denuncias. Fuentes judiciales señalaron que el informe de la Corte Suprema confirma las sospechas de que la policía bonaerense ejecuta a menores y simula que mueren en enfrentamientos. La mayoría de las víctimas procede del gran Buenos Aires, donde el 40% de sus habitantes vive en la pobreza y con altos índices de delincuencia.
La policía de la provincia de Buenos Aires ha sido acusada en reiteradas ocasiones de prácticas ilícitas, que incluyen los malos tratos, torturas y corrupción, pero es la primera vez que una institución de la justicia presenta una denuncia tan contundente como la del jueves. El último escándalo saltó en una comisaría de Lomas de Zamora, donde ocho policías fueron acusados de torturar a un detenido con corriente eléctrica. El fiscal comprobó que un acusado de un robo presentaba señales de tortura en el cuerpo, por lo que ordenó una investigación.
En abril pasado, los cadáveres de Gastón Monito Galván (14 años) y Miguel Piti Burgos (16 años), dos adolescentes con antecedentes de robo, aparecieron acribillados y amordazados en un descampado en la zona de José León Suárez. Los familiares de las víctimas declararon que los chicos habían sido amenazados por policías.
Todas estas noticias dejan malparado al gobernador Ruckauf, firme aspirante a convertirse en el candidato del Partido Justicialista (peronista) en las elecciones presidenciales de 2003. Durante la campaña electoral del año 1999, Ruckauf se presentó como un adalid de la mano dura contra la criminalidad. 'Hay que meter bala a los delincuentes', solía repetir en sus mítines.
Denuncias frecuentes
Con semejantes antecedentes no sorprende que las denuncias contra la policía de la provincia argentina más importante se prodiguen con frecuencia. En agosto pasado, un grupo de destacados jueces y fiscales firmó un escrito en el que se hacían eco de una investigación del defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, que daba cuenta de 602 casos reseñados de torturas en comisarías y cárceles entre marzo de 2000 y junio pasado. Los jueces y fiscales concluían que la práctica generalizada de la tortura es un hecho en las dependencias policiales argentinas, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
El informe describe una 'situación de violencia estatal de neto corte autoritario' y responsabiliza a los poderes públicos de no haber realizado las reformas necesarias del sistema policial y penitenciario de la dictadura. 'Muchos de los funcionarios que formaron parte de los mandos de la dictadura continúan en actividad y mantienen las prácticas aberrantes del pasado, sin que el Gobierno realice acción positiva alguna para revertir la situación', dice el documento.
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