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Editorial:

Consulta en el PNV

El Estatuto de Gernika ha cumplido su misión con honor, pero ha dejado de ser un punto de encuentro entre los vascos, por lo que se necesita un nuevo consenso situado más allá de esa norma, según defendió ayer el lehendakari en el pleno sobre autogobierno celebrado en el Parlamento de Vitoria. Las bases de ese nuevo consenso que propuso vienen a ser un resumen del programa máximo nacionalista, o tal vez una media entre ese programa y el de Batasuna: reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, derecho de autodeterminación, relación con el País Vasco francés, más competencias, relación directa con las instituciones europeas. Es decir, un consenso nacionalista al que son invitados a adherirse los no nacionalistas.

El lehendakari dijo que no había que mezclar violencia con autogobierno. Parecía una autocrítica por haber pretendido (en Lizarra) hacer pagar a los no nacionalistas un precio para apaciguar a ETA. Ahora se pretende lo mismo a cambio de nada: que todos asuman el programa nacionalista, porque Ibarretxe interpreta que el Estatuto ya no es punto de encuentro. Es una profecía autocumplida. Las elecciones no ponen de manifiesto que la sociedad sea hoy más nacionalista que hace 15 años, pero es evidente que, si el lehendakari que gobierna en nombre del Estatuto lo considera insuficiente para las aspiraciones vascas, su legitimidad se verá afectada. Por eso resulta sorprendente que sea el propio Ibarretxe quien se pregunte por qué el Estatuto 'no ha servido para ensanchar los consensos básicos que teníamos en 1979'. La idea de romper un consenso del 85% para atraer al 15% que quedó fuera ha resultado desastrosa; con el agravante de que tampoco ha servido para atraer a esa minoría, como ayer volvió a poner de manifiesto Otegi.

Algunos nacionalistas indicaron hace tiempo la incoherencia de reclamar a la vez, y con gran énfasis, el cumplimiento íntegro del Estatuto y su superación. Ahora se ve que lo importante no era la reclamación, sino el énfasis: se trata de dramatizar la relación con el Gobierno central a fin de justificar la ruptura. Es un dramatismo artificial, porque, incluso si la interpretración nacionalista fuera correcta, lo que queda por transferir es algo que no afecta a lo esencial del autogobierno. Las encuestas reflejan desde hace años que el llamado 'cumplimiento íntegro del Estatuto' es la menor de las preocupaciones de los ciudadanos.

Deducir de las divergencias existentes sobre competencias que se está 'negando la existencia del pueblo vasco', como llegó a decir Ibarretxe, es una exageración radical y sólo se explica si se están buscando argumentos para romper la baraja. La vía estatutaria es un mecanismo para integrar en el Estado a comunidades con personalidad diferenciada. No tiene sentido reivindicar el Estatuto como vía para salirse de ese Estado. Ibarretxe propuso 'un gran pacto de Estado' para 'dar respuesta a las demandas de autogobierno y de la capacidad para decidir el futuro que tiene el pueblo vasco como expresión de su nacionalidad'. Un pacto de Estado para que se le reconozca el derecho a romper el Estado. No tiene mucho sentido.

Sí lo tendría la adaptación del Estatuto a las nuevas condiciones creadas por la integración europea, que ha afectado a la distribución competencial entre los tres niveles (europeo, español, autonómico). Sería lógico, por ello, establecer mecanismos de representación de los intereses territoriales en las instituciones europeas. Pero esa cuestión es inseparable de la lealtad constitucional. Lo que no es posible es exigir presencia en una institución que agrupa a Estados y a la vez reclamar el reconocimiento de que 'el Pueblo vasco no es una parte subordinada del Estado', como también dijo ayer Ibarretxe para justificar su planteamiento autodeterminista.

El mensaje es confuso: si no se satisfacen las aspiraciones nacionalistas, habrá llegado el momento de consultar a la población. Pero no sobre la independencia, sino sobre el derecho a ser consultada sobre si desea la independencia. Vuelve a confundirse a la comunidad nacionalista con la población vasca. Se sabe perfectamente que el 40% que vota a PP y PSOE es contrario a la independencia y favorable a la autonomía, y que el 10%-15% que suele votar a HB es independentista. Lo que plantea problemas es ese otro 40%-45% de electores que votan PNV-EA y entre los que hay independentistas y autonomistas. Es en su propio partido donde debería realizar una consulta Ibarretxe. Si no lo hace es porque ello dividiría a sus seguidores, lo que pondría en peligro su mayoría. Pero eso no le da derecho a desplazar el problema al conjunto de la población y a desestabilizar el Estado autonómico al grito de '¿Qué hay de malo en ello?'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de octubre de 2001