El Gobierno ultima un decreto para reforzar su publicidad y controlar la de los ayuntamientos

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ultima un decreto que pretende controlar la publicidad institucional de los ayuntamientos y favorecer la propia, especialmente la que tenga el visto bueno del conseller en cap y futuro candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas. El borrador del decreto, que el secretario general de Comunicación, David Madí, ya ha remitido a los grupos parlamentarios, establece que 14 de los 21 miembros del órgano de control de la publicidad institucional estén nombrados directamente por el conseller en cap.

Las diversas administraciones gastan cada año centenares de millones de pesetas en publicidad institucional y normalmente son objeto de encendidas críticas por parte de la oposición, que suele considerarla propaganda partidista del equipo de gobierno, sea del color que sea. Para tratar de controlar este tipo de publicidad, el Parlament aprobó en diciembre de 2000 una ley específica para regularla a partir de una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC).

El texto aprobado reservaba a la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional (CAPI) un papel similar al que tiene el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en los medios de comunicación públicos. El Gobierno catalán se comprometió a entregar a principios de septiembre a los grupos parlamentarios un borrador del decreto que debe desarrollar el funcionamiento de la CAPI, pero ha dejado pasar la moción de censura de Pasqual Maragall para abordar el debate. Ayer entregó al fin el proyecto de decreto con la advertencia de que será aprobado próximamente en el Consell Executiu, gesto que en medios de la oposición se interpreta como un intento de pisar el acelerador para blindar informativamente al candidato de CiU en las próximas elecciones autonómicas.

ComposiciónEl proyecto de decreto deja al conseller en cap un amplio margen de maniobra sobre el organismo encargado de velar para que la publicidad institucional de todas las administraciones, y no sólo de la Generalitat, no tenga finalidades partidistas. De los 21 miembros de que constará, un total de 14 son nombrados directamente por el conseller en cap: tres en representación del Departamento de Presidencia, del que es titular precisamente el conseller en cap, cuatro en representación del Gobierno catalán y siete 'entre personas relacionadas con los temas respecto de los cuales la comisión debe asesorar, designados por los sectores implicados [que no detalla] y nombrados por el conseller en cap'.

Al mundo municipalista se le reservan únicamente tres de las 21 plazas en el consejo: una para las diputaciones -hay cuatro, de las cuales tres están gobernadas por CiU-, una para la Asociación Catalana de Municipios, próxima a CiU, y una más para la Federación de Municipios de Cataluña, que agrupa mayoritariamente a ayuntamientos de izquierda.

De hecho, el Gobierno catalán tiene mayoría en el actual CAPI, creado en 1997, pero sus atribuciones se limitaban a la publicidad institucional de la Generalitat. A partir de ahora controlará también la publicidad de los ayuntamientos. El proyecto de decreto no deja margen para la duda: 'Los departamentos de la Generalitat, y también las entidades locales, tendrán que remitir a la comisión todas sus iniciativas publicitarias institucionales con una antelación de 15 días laborables antes de que se hagan públicas'. Y se añade: 'Antes de que finalice este plazo, la comisión, si lo considera pertinente, tendrá que haber emitido un informe y hacerlo llegar a la administración en cuestión'.

La última campaña institucional importante emprendida por el Gobierno catalán fue la difusión de un folleto de ocho páginas en el que se ensalzaba el nuevo modelo de financiación autonómica, con explicaciones del conseller en cap, Artur Mas, y del titular de Economía, Francesc Homs. El Gobierno evitó informar sobre esta campaña a la comisión aprovechando que la actual legislación no le obliga a hacerlo.