El fiscal solicita multas por la protesta de UGT en las Cortes

El ministerio fiscal solicita dos multas de seis a doce meses para los nueve sindicalistas de la FSP-UGT que fueron expulsados de las Cortes Valencianas el 21 de noviembre de 2000 tras colgar tres pancartas contra la tasa de incremento de retribución de los funcionarios. La defensa, en cambio, según informó Efe, solicita la absolución y pide que declaren en la vista oral que tendrá lugar en un juzgado de lo penal Marcela Miró, presidenta de la Cámara, y cuatro diputados del PSPV: Josefa Andrés, Cristina Moreno, Baltasar Vives y Antonio Moreno.

En el escrito de conclusiones provisionales, el ministerio fiscal entiende que los nueve sindicalistas son autores de un delito contra las instituciones del Estado y de una falta contra el orden público. Por ello, solicita para cada uno de los imputados multas que alcanzan las 510.000 pesetas. Aunque el artículo 597 del Código Penal establece que el delito contra las instituciones del Estado por parte de quienes sin ser miembros de la Cámara, Senado o Asamblea Legislativa perturben gravemente el orden de sus sesiones se castiga con penas de seis meses a un año de prisión, hace una diferenciación sobre la gravedad de la acción y rebaja la pena cuando no se considera grave.

El ministerio fiscal solicita el vídeo que recoge la secuencia de los hechos en los que los nueve sindicalistas, justo cuando intervenía en la Cámara el consejero Vicente Rambla exhibieron camisetas con las siglas del sindicato y desplegaron tres pancartas, 'tratando de llamar la atención de los diputados', como indica el fiscal. La defensa, en cambio, solicita el acta del pleno y estima que los hechos ocurridos no son constitutivos de un delito.