Diputado de presa

Hay políticos que se ganan con creces el salario. Le echan todas las horas del día a la faena y no se cortan un ápice cuando han de asumir riesgos. Si gobiernan, son un vivero de iniciativas tanto como un incordio si ejercen la oposición. Tal es el caso de Juan Antonio Toledo, cincuentón con pinta de boticario afable y militante del PSPV, facción IS por devoción hacia su líder, el venerable Vicent Garcés. Hoy es diputado provincial por Valencia y, antes, entre 1980 y 1995, fue alcalde de Ribarroja, donde conserva la adhesión de gran parte del vecindario.

De su dilatado gobierno municipal, precisamente, se decantan unos contenciosos que ahora le tienen judicialmente empapelado. Se le acusa de malversación de caudales públicos y de falsificación de documentos, delitos que podrían acarrearle una pena de ocho años de cárcel y la consiguiente inhabilitación. Pero esta expectativa no parece impresionarle. Todo está controlado, dice.

Sin embargo, la notoriedad pública que unge al diputado estos días no se debe únicamente a este episodio procesal, sino también, y acaso con más motivo, al hecho de haber formulado una denuncia ante la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la contratación del cantante Julio Iglesias por parte del Instituto Valenciano de la Exportación. Como ya se adivina, en este trámite el dedo apunta más arriba y a la par con los dineros cuestiona las responsabilidades políticas de la Generalitat.

La verdad es que, puesto en la piel de los denunciados, no me sentiría muy tranquilo conocida la tenacidad del diputado y su gusto por sacarle los colores de cara al adversario. A este respecto, baste recordar algunas de sus últimas hazañas en el seno de la corporación provincial. Así, a propósito de la adquisición de la sede de la Caja Rural por parte de la Diputación, nuestro hombre puso en evidencia que, entre compra y rehabilitación del edificio, se constataba que habían desaparecido unos 100 o 150 millones de pesetas. Su gusto por escudriñar los papeles habían destapado esta fuga.

Asimismo, su sentido inquisitivo sacó a relucir que el sindicato independiente (CSIF) se había afanado 16 millones de pesetas en concepto de premios gastados en tracas. En realidad, el montaje sindical ha acabado en unas diligencias penales por estafa y falsificación y habrá que esperar al fallo judicial para evaluar la pertinencia e independencia del redicho sindicato. ¿Nadie más que el diputado se apercibió del enjuague?

Y por si faltaba algo para evaluar el sentido inquisitorial del diputado, salió a relucir el plan de señalización provincial evaluado en 900 millones. Pero hete aquí que el diputado que nos ocupa se pone a la tarea y deduce que no vale más de 400. Y el plan se disuelve en el olvido. Pues no, ahora es cuando hay que pedir explicaciones a la mayoría, al PP, que lo patrocinó, porque el asunto tiene visos de alguien ha sido sorprendido con las manos en la masa. No es de recibo dar por liquidado el engaño o la posible estafa.

Yo creo que el diputado que nos ocupa, J. A. Toledo, no será tan fácilmente neutralizado como tantos de sus compañeros, meros repetidores de denuncias periodísticas. Él busca el meollo del embrollo y lo denuncia. Es de los pocos que se ganan el jornal. Gracias a su perseverancia quizá salga a luz lo del Ivex y el cantante.