Monteseirín crea por decreto una comisión de investigación sobre un posible cohecho en Tráfico

Después de tres días de dudas y reuniones, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, emitió ayer por la tarde un decreto que insta a constituir una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por dos funcionarios de la Delegación de Tráfico entre 1996 y 1999. La resolución del alcalde será ratificada en el Pleno municipal de hoy. Monteseirín tomó esta determinación unas horas después de que la Junta de Portavoces aceptara la propuesta de IU de crear la citada comisión, no sin antes consensuar algunas modificaciones en el texto original de la moción.

El decreto del alcalde adelanta que la comisión de investigación estará integrada por un representante de cada grupo municipal, preferiblemente el portavoz, y que los cuatro estarán asistidos por el secretario de la corporación. La comisión podrá solicitar la comparecencia 'de cualquier persona que pueda tener relación con el asunto' y 'recabar cuanta documentación e informes se consideren necesarios'. La investigación, según el texto de alcaldía, tratará de 'esclarecer las presuntas irregularidades acaecidas en el Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Sevilla', recogidas en un informe de la asesoría jurídica municipal.

El decreto del alcalde será ratificado en el Pleno que se celebra hoy en el que que, de esta manera, ya no se someterá a votación la propuesta de IU para crear la citada comisión. Los portavoces de los cuatro grupos municipales habían dado por la mañana su visto bueno a la moción, que previsiblemente iba a ser aceptada en el Pleno por unanimidad. No obstante, IU tuvo que modificar la redacción de su primera propuesta, por petición expresa de las portavoces de los dos socios de gobierno, PSOE y PA.

El decreto del alcalde no difiere sustancialmente de la moción de IU una vez modificada, por lo que, previsiblemente, estará expuesta a las diferentes lecturas que cada grupo hizo del texto consensuado.

Las portavoces de los dos socios en el gobierno, Evangelina Naranjo (PSOE) y Paola Vivancos (PA) insistieron especialmente en que la propuesta no incluyera el concepto de 'responsabilidades administrativa', puesto que consideran que éstas ya se están depurando mediante los expedientes disciplinarios abiertos a los dos funcionarios bajo sospecha.

Vivancos reconoció que personalmente era partidaria de esperar al dictamen de los expedientes administrativos, pero que una vez tomada la determinación de crear la comisión, ésta debe ser 'rápida' y, sobre todo, 'no deteriorar la presunción de inocencia', que según la portavoz andalucista es una de las principales razones por las que su grupo prefería incoar una investigación interna en vez de una pública.

Finalmente, ambos procesos irán en paralelo. Los expedientes administrativos, según Luis Pizarro, estudiarán si los dos funcionarios cometieron alguna irregularidad, mientras que la comisión dilucidará sobre posibles relaciones anómalas entre la empresa Andaluza de Señalizaciones y el Ayuntamiento. Al final, según reconoció el propio Pizarro, 'es imposible' separar las irregularidades administrativas de las políticas.

Otra de las interpretaciones abiertas parte de que ni el texto consensuado por los portavoces ni el definitivo del alcalde hablan de las fechas en las que se centrará la investigación. IU y PP insisten en que debe rastrearse tanto el periodo correspondiente al mandato anterior como al actual, mientras que PSOE y PA se muestran dispuestos a que la investigación englobe a su corporación, pero recalcan que todas las presuntas irregularidades de las que se tiene constancia hasta el momento se produjeron cuando Soledad Becerril ocupaba la alcaldía y el popular Mariano Palancar la delegación de Tráfico.

Por otra parte, fuentes de la delegación de Tráfico subrayaron ayer que la resolución del concurso público abierto para adjudicar los servicios de conservación e instalación de las señales de tráfico de Sevilla no debe resultar alterada por la investigación, por lo que a la Comisión de Gobierno llegará en las próximas semanas la propuesta aprobada por la mesa de contratación para volver a adjudicar los servicios a Sainco y a Grupisa, la empresa que supuestamente sobornó a dos funcionarios de Tráfico.

Estas fuentes insisten en que esta compañía cambió de propietarios en mayo de 2000, cuando fue comprada por el grupo Ferrovial. Según ha podido saber este periódico, el que era director general de Grupisa entre 1996 y 1999, es hoy el director de una de las empresas que se han presentado al nuevo concurso de adjudicación y que no está entre las dos elegidas por la mesa de contratación. Además, entre los actuales dirigentes de Grupisa y de Ferrovial sólo uno pertenecía a la primera empresa en aquella época y lo hacía ocupando un puesto de técnico y sin detentar ningún cargo directivo.