Actuaciones polémic as

Durante el mandato de Pedro Núñez Morgades como delegado del Gobierno en Madrid, entre 1996 y 2000, algunos episodios polémicos generaron contestación social y obligaron al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a comparecer en el Congreso para dar explicaciones.

Uno de ellos fue la detención, el 10 de marzo de 1997, de 158 jóvenes en el desalojo de un centro okupa en La Guindalera (distrito de Salamanca), durante el cual algunos grupos ocasionaron destrozos en mobiliario urbano y entidades bancarias. Los arrestados pasaron más de dos noches en comisaría y, tras salir, denunciaron 'malos tratos'.

IU, el Consejo de la Juventud, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y el Sindicato de Estudiantes calificaron la actuación policial de 'desproporcionada', entre otras razones, por el elevado número de arrestos. Núñez Morgades tildó la operación de 'impecable'.

En junio de ese mismo año, la policía cercó, durante una semana, los poblados marginales -ahora ya desmantelados- de La Celsa (Puente de Vallecas), La Rosilla (Villa de Vallecas), Torregrosa (Usera) y Jauja (Latina) para impedir el mercadeo de drogas habitual en ellos. Centenares de toxicómanos se vieron obligados a deambular horas y horas, presos del síndrome de abstinencia, hasta conseguir pillar pagando más por sustancias adulteradas. Las entidades de apoyo a drogodependientes tacharon el cerco de 'inhumano'.

El ministro Mayor Oreja reconoció en el Congreso que futuras operaciones similares (que nunca más se han vuelto a efectuar) tendrían que ser 'más acompasadas con acciones de asistencia'. El cerco provocó la dimisión del entonces gerente de la Agencia Antidroga, Alejandro Martín-Carrero, quien dijo haberse sentido abandonado por el resto de las instituciones durante la operación. El entonces delegado del Gobierno consideró la actuación 'un éxito', porque 'hizo de revulsivo para que nadie se sienta ajeno al problema de la droga'.

El último episodio polémico fue la expulsión, el 8 de julio de 1999, con un fuerte despliegue policial y apoyo municipal, de un centenar de familias de gitanos rumanos que malvivían en tiendas de campaña en Malmea (Fuencarral). Núñez Morgades mantuvo que las familias, a las que no se dio alternativa alguna, se marcharon 'voluntariamente'.

Tras las quejas de la oposición y de ONG, Mayor Oreja defendió la expulsión, pero admitió que su resultado 'no fue del todo satisfactorio' y que había que 'arbitrar medidas complementarias'. La solución fue construir cuatro campamentos de prefabricados, en Fuencarral y Vallecas, para éstos y otros inmigrantes nómadas.