El PP libera a los centros privados de que sus docentes pasen la habilitación

El PP y CiU han introducido con sus enmiendas parciales algunos cambios relevantes en el proyecto de ley de universidades que presentó la ministra de Educación, Pilar del Castillo, al Congreso de los Diputados. Entre las modificaciones más destacadas hay una que hace referencia a las universidades privadas: ningún profesor de éstas tendrá que realizar la prueba de habilitación nacional que se crea con la ley y que será obligatoria para poder acceder a una plaza en cualquier universidad pública.

Los docentes de las privadas sólo tendrán que pasar la evaluación positiva de su currículo, y no un examen nacional, que realizarán la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o las agencias autonómicas. Curiosamente éste es el sistema de acreditación que pedían los rectores y el PSOE para todas las universidades, públicas y privadas.

Este cambio se ha hecho a petición de CiU. El texto del equipo de Pilar del Castillo exigía que el 25% de los profesores de las privadas superara el examen de habilitación. El PSOE había pedido que ese porcentaje se elevara al 30%.

El PP ha equiparado además, también a petición de CiU, la competencia de la nueva Agencia Nacional de Evaluación para evaluar a las universidades con las de las agencias que ya tienen algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía. El texto señala ahora: 'Las funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación corresponderán a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y a los organismos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determinen en el ámbito de sus respectivas competencias'.

No más concursos

El Gobierno ha accedido a aprobar numerosas enmiendas de CiU y sólo seis del PSOE. Hoy se discuten, en la última reunión de la Comisión de Educación del Parlamento, el resto de las enmiendas y nuevas transaccionales a la ley. El proyecto se presentará al Pleno del Congreso el próximo día 31 y se calcula que la ley puede estar aprobada antes de enero

. Hoy se debatirá, y prácticamente seguro se aprobará, otro cambio importante en el proyecto. El PP quiere eliminar el plazo (establecido por el Ministerio de Educación en seis meses desde que se apruebe la ley) para que las universidades puedan convocar los concursos de las plazas para profesores funcionarios que tienen pendientes.

De aprobarse esta propuesta, no habrá periodo transitorio y las universidades no tendrán ya tiempo para convocar casi ninguna plaza de docentes. Éstos deberán esperar a que el Gobierno organice las primeras pruebas de habilitación nacional.

Esta posibilidad ha sido muy criticada por los rectores y por los socialistas. El rector de la Universidad de Oviedo, Juan A. Vázquez, explica uno de los motivos: 'Mariano Rajoy, cuando era ministro de Educación, firmó un acuerdo con los sindicatos para la estabilización de un número concreto de profesores durante los años 2000, 2001 y 2002. Una buena parte de esas plazas aún no han salido y, si se quita el periodo transitorio, no se cumplirán los compromisos adquiridos por el propio Gobierno'.

Otra enmienda importante que se discutirá hoy, presentada por CiU, es la que pide que la gestión de las becas universitarias pase a ser competencia de las comunidades y no del ministerio, como ahora. Ésta es una histórica batalla de los catalanes con los sucesivos gobiernos centrales.