Telefónica se alinea con el Gobierno ante una posible revisión de tarifas

Telefónica ha dado un vuelco a su política de relación con los organismos reguladores y en particular, con el Gobierno, abandonando cualquier signo de hostilidad. La operadora que preside César Alierta, que llegó a acumular más de 30 demandas bajo la anterior presidencia de Juan Villalonga, defiende ahora una estrategia de negociación para conseguir sus objetivos.

La última prueba de esa política se hará patente en los próximos días cuando el Gobierno tenga a responder al dictamen motivado que le remitió Bruselas a finales de agosto pasado reclamándole una nuevo ajuste de tarifas. El Ejecutivo, que tiene de plazo hasta finales de este mes para contestar al requerimiento, va a rechazar esa revisión con el principal argumento de que Telefónica, la potencial interesada, está de acuerdo con el actual sistema tarifario, pactado en mayo y con vigencia hasta 2003.

Por ese pacto, que motivó la retirada de la demanda interpuesta por Telefónica contra el Gobierno ante Bruselas, se autorizó una subida escalonada de la cuota de abono desde las 1.842 pesetas actuales a 1.942 pesetas en enero de 2002 y 2.100 pesetas en 2003. A cambio, se comprometía a bajar en un 15% el coste total de las llamadas.La Comisión rechazó el pasado 24 de agosto este acuerdo e instó al Gobierno a rehacer el marco tarifario, en la línea de acortar los plazos para el aumento de la cuota, aunque compensando esa subida con una mayor rebaja del precio de las llamadas.

Tanto el Ejecutivo como la compañía defienden que esa modificación tendría efectos neutrales para los ingresos de Telefónica. Sin embargo, la medida exigida por Bruselas va en la línea de lo que siempre ha defendido la operadora, la prioridad de revisar la cuota de abono al tratarse de un ingreso fijo con repercusión inmediata en su cuenta de resultados, frente a la bajada de las llamadas de larga distancia, cuyo impacto es variable ya que depende del tráfico y de la cuota de mercado de la operadora.

Templanza

La templanza de Telefónica en sus relaciones con el Gobierno también ha dado sus frutos. Así, por ejemplo, la operadora se ha visto liberada de sus compromisos de inversión en la telefonía por cable, un proyecto que la operadora abandonó completamente en favor de otras tecnologías como el ADSL, que permite el la navegación rápida por Internet mediante la instalación de módems punto a punto, y que fue amparada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como solución idónea para la extensión del acceso a la Red.

La empresa de César Alierta también ha arrancado importantes avances de otros reguladores, como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Este organismo había impuesto unas medidas cautelares sin precedentes a Telefónica de España para permitirle comercializar directamente el ADSL. Sin embargo, y tras el órdago lanzado por la operadora que amenazó con suspender sus planes de despliegue, la CMT dio marcha atrás a finales de julio y suavizó las exigencias, levantando las iras de los competidores. de Telefónica.

El ex monopolio, que reconoce el nuevo estilo en su relación con la Administración, asegura, sin embargo, que es compatible con una defensa legítima de sus intereses, según fuentes de la empresa. Incluso en los casos de enfrentamiento, la empresa prefiere agotar ahora la vía administrativa antes de acudir a los tribunales. Así ha ocurrido en el caso de la tasa radioeléctrica. Telefónica Móviles presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Económico-Administrativo (TEAC), desestimado el pasado 29 de septiembre, pero apurará los plazos hasta el final antes de acudir a la Audiencia Nacional.