La Junta confía en convocar en breve las oposiciones previstas para 1998

La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, permanecía ayer a la espera de que los servicios jurídicos de la Junta le desmenuzaran el auto con el que el Tribunal Constitucional rechaza por un defecto de forma una cuestión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA sobre las oposiciones de 1998. Hermosín cree que 'por sentido común' esta cuestión no se volverá a plantear y que la convocatoria tendrá lugar pronto. El presidente de sala, Santiago Martínez Vares, eligió guardar silencio.

La ley de presupuestos de 1998 incluía la convocatoria de oposiciones al funcionariado de la Junta y los baremos a la hora de calificar esas pruebas. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió sobre un recurso que creía ilegal y contrario al principio de igualdad el baremo propuesto, al primarse a la alta la experiencia de los cerca de tres mil interinos contratados en los comienzos de la Administración andaluza.

El Tribunal Constitucional echó para atrás la citada cuestión de inconstitucionalidad por un defecto de forma. Y es que la cuestión la elevó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en vez de la Sección Primera de la citada sala, que es la única que podía hacerlo según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ambas están presididas por Santiago Martínez Vares, que también encabeza la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Hermosín considera 'de un primer vistazo' -ya que espera un análisis en profundidad de los servicios jurídicos de la Junta- que esta decisión del Tribunal Constitucional puede abrir la puerta a la convocatoria de oposiciones, que ya lleva tres años trabada en procesos judiciales.

La consejera apela 'al sentido común', ya que repetir el proceso desde el principio, se ceñiría a los tiempos de la Justicia pero estaría muy lejos de su espíritu. Y es que lo que suceda con la convocatoria afecta al futuro profesional de miles de personas, interinos o no, que se prepararon para presentarse a las pruebas y que han acabado soportando los inevitables y largos plazos de la Justicia.

Pero lo peor es que ahora podrían enfrentarse a una nueva dilación, a más años de indefinición, y todo únicamente a causa de un error de los responsables de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que presentaron la cuestión en nombre de ésta, en vez de hacerlo en el de la legalmente habilitada Sección Primera.

La ignorancia de la ley fundamental del Tribunal Constitucional adquiere un tono aún más grave al ser el presidente de ambas la misma persona. Éste, Martínez Vares, prefirió ayer no ofrecer su opinión sobre este caso o las posibles responsabilidades que se pudieran desprender de él.

La situación de los interinos es una de estas que se maneja en lo márgenes de la literalidad de la ley. En el principio de la Administración andaluza, se contrató a miles de personas como interinos para echar a andar las oficinas. Algunos llevan cerca de 20 años trabajando a la espera de ver su situación regularizada, esto es, llegar a convertirse oficialmente en funcionarios públicos.

Su única opción es la de presentarse a un examen, a unas oposiciones. Precisamente en la convocatoria de 1998 se pretendió tensar la ley y otorgar un valor extra a sus cualidades, como la experiencia, etcétera.

Al venir la convocatoria contemplada en una ley, los recursos contra ella se vehicularon a través del TSJA. La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo consideró que la ley no se ajustaba a la Constitución y se elevó una cuestión al Constitucional. Ahora es la citada sala del TSJA la que no se ajusta a la ley.