La UE empieza a entender a España, ahora sí

Hace menos de dos años, el entonces ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, predicaba en las frías reuniones de Bruselas que era necesario que la Unión Europea (UE) se dotara de instrumentos comunes para afrontar el terrorismo. Con más voluntarismo que otra cosa, Mayor solía decir a los corresponsales españoles que tenía ya el respaldo de sus colegas para sacar adelante una iniciativa con objeto de implantar una orden europea de detención y entrega. No era cierto. Había reservas en algunos países ante la dificultad de armonizar legislaciones o incluso tener que hacer revisiones constitucionales, pero la tragedia de Estados Unidos sirvió para que los Quince empezaran a hablar la misma lengua. 'El 11 de septiembre ha jugado a favor de los intereses de España', comenta una fuente comunitaria al señalar que existe consenso para dar luz verde a un mandato europeo de detención que sustituya a los procedimientos tradicionales de extradición, basado en líneas generales en lo que el comisario de Justicia e Interior, António Vitorino, presentó el pasado 19 de septiembre.

La tragedia de EE UU ha servido para que los Quince empezaran a hablar la misma lengua en lo que se refiere a cómo se debe tratar a ETA

El mandato europeo de detención se va a aprobar durante la presidencia belga, país siempre con una actitud ambigua ante la extradición de los terroristas

José María Aznar debe haber pensado que no hay mal que por bien no venga. El jefe del Gobierno hubiera preferido que esta orden fuese aprobada durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre del año que viene. Su prestigio se habría visto fortalecido. 'En principio, con todas las reservas del caso, es previsible que la orden de entrega y captura sea aprobada en diciembre, en la cumbre de Laeken, aunque con modificaciones', agrega la misma fuente. No deja de ser paradójico que tal proyecto logre el visto bueno durante la presidencia de un país como Bélgica, que en ocasiones ha tenido una actitud ambigua en temas relacionados con la extradición de presuntos terroristas.

Lo que a día de hoy se descarta en la capital comunitaria es que Aznar logre el pleno. Es decir, que sus colegas aplaudan sus insinuaciones de incluir en la lista europea de organizaciones terroristas a grupos que se hallan en la órbita del terrorismo o partidos políticos legales que hacen apología de la violencia. Léase Batasuna u organizaciones juveniles cercanas al mundo etarra. 'Queremos y vamos, como ya han hecho algunos jueces, a actuar contra todas aquellas organizaciones que en el fondo son ETA, pero con otro nombre. El terrorista no es sólo el que mata, también es el que le apoya, le encubre y le informa', ha manifestado esta semana en Bruselas el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy. 'Tengo por norma no pronunciarme antes de que se celebre una reunión', declara el ministro del Interior belga, Antoine Duquesne, al ser preguntado sobre ese tema y subrayar que ante todo se necesita 'el consenso de todos'. Antes de la cumbre de Laeken (14-15 de diciembre), que pondrá colofón a la presidencia de Bélgica, los ministros de Interior y Justicia tendrán que pronunciarse, el 6 y 7 de diciembre, sobre esta cuestión y la más trascendente: la del mandato europeo de detención y entrega.

En vísperas del Consejo informal de Gante, celebrado este viernes, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, no quiso entrar al trapo sobre quiénes deben figurar en la lista negra del terrorismo, y se limitó a reiterar que la UE ya ha respaldado el catálogo confeccionado por la CIA sobre grupos o individuos ligados al terrorismo afgano, entre ellos, obviamente Osama Bin Laden, a los que habrá que congelar sus activos bancarios. Sin embargo, una fuente comunitaria se muestra tajante: 'No hay vuelta de hoja que la ETA y el IRA estarán en esa lista, pero es difícil creer que por ahora se vaya más allá'.

'Hay que ser cauteloso al respecto y no acortar plazos', comenta, por su parte, el eurodiputado irlandés Patrick Cox, jefe del Grupo Liberal y principal aspirante a ser presidente del Parlamento Europeo a partir del próximo enero y relevar a la francesa Nicole Fontaine, del Grupo Popular, durante la segunda mitad de la actual legislatura. 'Es necesario tener una definición común del terrorismo y distinguir claramente la diferencia entre el derecho democrático a expresar una protesta y las acciones terroristas', opina Cox, quien añade que 'los problemas internos no deben ser resueltos fuera'.