De la mano de la ley
La última operación policial contra otro importante grupo del llamado complejo Donosti de ETA, así como la sucesión de golpes propinados a su estructura a ambos lados de la frontera, son relevantes porque refutan uno de los mitos sobre los que han tratado de perpetuarse los terroristas: el de su imbatibilidad. El desistimiento de los terroristas se producirá cuando interioricen que, más temprano que tarde, deberán responder ante la justicia por sus crímenes, y que los espacios de tolerancia e impunidad de que gozaron en el pasado se han achicado considerablemente y todavía van a reducirse más en el futuro.
La conmoción por la matanza del 11 de septiembre ha empezado a traducirse en normas y mecanismos internacionales en los ámbitos policial, judicial y financiero. A las iniciativas ya en marcha en la UE para establecer la orden de detención y entrega inmediata y el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales van a sumarse la elaboración de una 'lista europea' de grupos terroristas y los proyectos sobre control de las cuentas bancarias y embargo preventivo de los bienes de entidades o personas sospechosas de colaborar con ellos. El Gobierno ha anunciado su intención de que, además de ETA, se incluya en la lista a la plataforma electoral Batasuna, con el argumento de que, 'en el fondo', estas y otras entidades 'son ETA, pero con otro nombre'.
Las conexiones entre la banda y personas de la constelación de grupos de carácter legal o alegal que se mueven a su alrededor han sido acreditadas por distintas actuaciones policiales y judiciales. Es conocido también que jóvenes formados en la violencia callejera constituyen la cantera de ETA y que la debilidad de la banda conlleva una creciente implicación de cargos electos de Batasuna (antes EH) en sus comandos, como el concejal de Azkoitia detenido el martes. Sin embargo, para actuar penalmente contra una formación política o proceder a su ilegalización no basta con convicciones y datos parciales; se necesitan pruebas o indicios sólidos de que no sólo comparten fines, sino también medios y estructura, con ETA.
Aunque la inclusión en la lista europea no suponga necesariamente la ilegalización, el que una organización sea declarada fuera de la ley en el ámbito de la UE a instancias del Gobierno español, mientras funciona legalmente en nuestro país porque la justicia no ha podido demostrar su vinculación con la trama terrorista, es una posibilidad no aceptable. Los avances en la lucha contra el terrorismo no hay que darlos forzando la ley, sino de su mano, adaptándola con inteligencia a las nuevas circunstancias.
