Hermosín pide una carta de derechos que garantice un trato adecuado a los usuarios de la Justicia

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Carmen Hermosín, pidió la redacción de una carta de derechos de los usuarios de la Administración de Justicia que garantice un trato digno, correcto y comprensible y les permita plantear reclamaciones. La consejera señaló que esta carta debería contener aspectos fundamentales, como el derecho de ser informados sobre las actuaciones, la posibilidad de ser recibidos por el juez, conocer el coste aproximado de un procedimiento o disponer de un abogado, procurador o perito de oficio.

En la inauguración de las Jornadas sobre la Reforma de la Justicia, celebradas en un céntrico hotel sevillano, la consejera defendió su propuesta y sostuvo que ésta ayudaría a evitar la complejidad judicial, el, en ocasiones, difícil lenguaje judicial, la 'inaccesibilidad' de los jueces y la lentitud de la Justicia.

La consejera subrayó asímismo que el 'déficit estructural' de la Justicia se encuentra en las diferentes comunidades autónomas, porque ya existía cuando se efectuaron las transferencias y se ha incrementado con la entrada en vigor de leyes como la de Responsabilidad Penal del Menor o la de Enjuiciamiento Civil.

Hermosín señaló que el Pacto de Estado de Justicia debe extenderse a la financiación e instó al Gobierno central a comprometerse en los Presupuestos Generales del Estado 'tanto a las necesidades expuestas por el Ministerio de Justicia como la parte proporcional de las que correspondan a las comunidades'.

Para la consejera 'un sistema práctico' sería que el ministerio diferenciase los costes generales de los territoriales, y se dotara a las comunidades autónomas 'proporcionalmente a lo que para sí reclama el Ministerio de Justicia'. El cumplimiento del pacto, señaló Hermosín: 'Deberá conducirnos a la reforma de la Justicia', realizando las reformas necesarias para que ésta represente 'cada día mejor la garantía de los derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos'.

Además, incidió en la necesidad de liquidar los traspasos de competencias y en que los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia, País Valenciano, Canarias, Andalucía y Navarra reconocen su competencia para ejercer 'todas las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del CGPJ reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado'. Según Hermosín, ese reconocimiento 'abarca la capacidad y competencia para la gestión íntegra de los recursos, pudiendo incluso plantear modelos organizativos propios'.

Entre los ponentes del citado encuentro celebrado en Sevilla estaban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, y el magistrado del Tribunal Constitucional Pablo García Manzano.

Presupuestos autónomosMéndez de Lugo apostó en Sevilla por la 'independencia económica' del Consejo General del Poder Judicial que haga posible la posibilidad de tomar decisiones sobre sus necesidades personales y materiales y que éstas se reflejen en unos presupuestos autónomos aprobados por los parlamentos.

El presidente del TSJA destacó que los distintos poderes ejecutivos deberían limitarse a dar cumplimiento de esos presupuestos una vez que hayan sido aprobados por los parlamentos correspondientes.

Méndez de Lugo, que aseguró ser 'totalmente antipartidario de la independencia integral', explicó que el CGPJ debería decidir, señalar y priorizar las necesidades, los parlamentos aprobarlas y controlarlas y las administraciones ejecutarlas.

Después, dijo que considera que los jueces deben tener unas retribuciones dignas, 'atendiendo a que son un pilar fundamental del Estado de derecho', pero no 'para garantizar su independencia' porque ésta no depende del dinero sino que está recogida en la Constitución.