17 portuguesas se enfrentan a tres años de cárcel por abortar

El Tribunal de Maia, junto a Oporto, abrió ayer el juicio contra 17 mujeres acusadas de abortar en una clínica ilegal. Podrían ser condenadas a tres años de cárcel. Asociaciones progresistas de defensa de la planificación familiar y varias diputadas de izquierdas han calificado el caso de 'asombroso e inmoral', y reclaman la urgente reforma de una ley que favorece las clínicas clandestinas. La mayoría de las acusadas optó por interrumpir el embarazo por dificultades económicas, psíquicas y personales. Una es madre de cuatro hijos, enferma, desempleada y abandonada por su marido. Otra es una joven de 16 años que vive en una caravana con un hermano deficiente.

Junto a las mujeres que abortaron, entre los encausados figura la enfermera Maria do Céu Ribeiro (detenida el año pasado), a quien se le imputa haber organizado una red ilegal para practicar abortos. De ella formaban parte médicos, ayudantes de farmacia, enfermeros y taxistas. En total, hay 43 procesados.

El secretario general de la Asociación de Planificación Familiar, Duarte Vilar, afirmó ayer a este periódico que el proceso 'viene a demostrar la absoluta hipocresía que rodea este asunto'. Criticó el mantenimiento de una ley 'que permite las redes clandestinas y el envío a prisión de mujeres que abortan por razones económicas, sociales o personales'. Vilar reconoce que la ley lusa 'es más o menos similar a la española'. 'La diferencia estriba en que en España se ha interpretado de forma muy diferente, sin duda más abierta y comprensiva'.

La legislación portuguesa permite el aborto en las 12 primeras semanas de embarazo en los supuestos de malformación del feto, violación y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. La intervención debe realizarse en centros públicos o autorizados. Pero muchos médicos invocan la objeción de conciencia para no practicar abortos en hospitales públicos y los realizan a precios exorbitantes en clínicas privadas.

Interrupción en España

El resultado final de esta situación es la práctica de miles de abortos clandestinos cada año, en lugares muchas veces sin las más mínimas condiciones sanitarias, o el habitual traslado de centenares de portuguesas a clínicas españolas.

A iniciativa de las Juventudes Socialistas y con el apoyo de los comunistas, el Parlamento portugués aprobó en 1998 una ley que despenalizaba el aborto y ampliaba ligeramente los supuestos y plazos actuales. Sin embargo, y después de esta esperada victoria de los partidos de izquierdas, el primer ministro portugués, el socialista y católico practicante António Guterres, decidió convocar un referéndum de acuerdo con el entonces líder de la oposición, y sin consultar prácticamente con sus compañeros de partido.

La ausencia de campaña para el referéndum por parte de los dos principales partidos provocó la indiferencia de los portugueses, que castigaron la consulta con un 68% de abstención. A pesar de que el referéndum no fue vinculante (necesitaba al menos el 50% de participación), la ligerísima victoria del no (un 51,9%) provocó que los socialistas, siguiendo a su líder, renunciaran a tramitar una ley que ya habían conseguido aprobar en el Parlamento y para la que no era necesario ninguna consulta. Los comunistas calificaron de 'escandaloso y absurdo' todo el proceso. La diputada socialista Helena Roseta ha calificado el juicio de 'completamente inmoral'. Y para la parlamentaria del PCP, Odete Santos, es 'una vergüenza'.