Francia aprobó en 2000 una ley que impone a los partidos las listas paritarias

La Asamblea francesa aprobó en mayo del año pasado una ley que obliga a los partidos políticos a incluir igual número de hombres y de mujeres en sus candidaturas para las elecciones municipales, regionales, senatoriales y europeas. En las elecciones legislativas, la diferencia entre el número de candidatos y el de candidatas no puede superar el 2%. Con esa legislación, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea que garantiza por ley la igualdad de acceso de hombres y mujeres a los puestos electivos de representación política. Una decisión que en parte fue consecuencia de la reforma de su Constitución, en 1999, para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres para el desempeño de funciones electivas. Un compromiso que había formado parte del programa electoral del primer ministro, Lionel Jospin (PSF).

La normativa francesa, que prevé la imposición de sanciones económicas a las fuerzas políticas que incumplan la obligación de incluir igual número de hombres y de mujeres en sus listas electorales, es tan inflexible que impide incluso la posibilidad de que haya candidaturas con más mujeres que hombres.

Hasta la aprobación de la ley, Francia era uno de los países menos igualitarios en cuanto a la presencia de mujeres en puestos políticos de elección directa, incluso en un momento -enero de 2000- en que 11 mujeres formaban parte de un Consejo de Ministros integrado por 29 personas. El debate y aprobación de la ley sacó a la luz el fuerte contraste entre las declaraciones de principio y la realidad. Sólo el 10,9% de los diputados eran mujeres, el número de senadoras no llegaba al 6%, y el número de alcaldesas apenas superaba el 8%. Tras las elecciones municipales en las que se aplicó por primera vez la ley, se duplicó el número de concejales mujeres. En París, el nuevo alcalde, Bertrand Delanoë, formó un equipo de gobierno con mayoría de mujeres.

El PSOE había propuesto hasta ahora una reforma de la Ley Electoral que fijaba un tope del 60% para los candidatos del mismo sexo, lo que garantizaba el 40% para el otro sexo.