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Columna
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Inseguridad

La inseguridad ciudadana vuelve a ser tema habitual de conversación. Quien más quien menos tiene un amigo o familiar que recientemente ha sido víctima de algún delito. Hay mucha preocupación. El aumento de los delitos desborda a la policía y agobia a los ciudadanos. Este verano se dispararon las cifras de robos en viviendas. En el primer semestre del año las denuncias por robos con violencia en las personas han aumentado en un 13,5% y los hurtos, en un 24%. Y las cifras son sólo de lo que se denuncia. La encuesta de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmaba que la inseguridad había pasado de ocupar el décimo al quinto lugar en las preocupaciones de los ciudadanos.

Esta situación se produce en una época de hegemonía política de la derecha, cuando tradicionalmente han sido los partidos conservadores los que han apelado a la necesidad de 'más mano dura' frente a una supuesta tibieza con la delincuencia de los gobiernos progresistas. Así se expresaba en la oposición el PP de José María Aznar frente a los gobiernos socialistas de Felipe González, o la Alianza Popular de Manuel Fraga frente los centristas de Adolfo Suárez. La dureza de ese tipo de discursos va en aumento mientras más extrema sea la derecha que lo emita. Al punto de que fue uno de los argumentos favoritos que se utilizaron para intentar justificar la necesidad de un golpe de Estado como el del 23-F. Fue precisamente Manuel Fraga cuando era todavía Fraga Iribarne, ministro de Interior con el siniestro Arias Navarro, quien resolviera el viejo dilema entre libertad y seguridad tirando por la calle del medio. 'Donde hay orden hay libertad', dijo y se quedó tan tranquilo, porque previamente no se había recatado en afirmar que la calle era suya. Algo que demostró con creces.

Ahora este Fraga es otro Fraga y el Gobierno por boca de su ministro del Interior, Mariano Rajoy, se limita a decir que el 45% de los detenidos en Madrid es extranjero y que 'eso no quiere decir nada', aunque al diputado socialista Joaquín Leguina y al Sindicato Unificado de la Policía (SUP) les parezca una invitación a la xenofobia. El SUP, mayoritario en el cuerpo, culpa de la situación a los 'años de nefasta gestión' del director general de la policía, Juan Cotino. A pesar del importante aumento de la población (esto sí, claramente, debido a los inmigrantes) los efectivos policiales han ido en retroceso, especialmente los agentes que patrullan por las calles, debido al envejecimiento de la plantilla y sobre todo al destino de miles de agentes de la guardia civil, policía nacional y policías locales a tareas de guardaespaldas de los políticos, ante el temor a los atentados de ETA. Y esta situación puede verse agravada al ampliarse a las redes islamistas las labores de vigilancia y cooperación en materia terrorista. Lo que hoy es evidente es que la policía de barrio ha desaparecido de las calles y que hablar de policía de proximidad en el mejor de los casos no es más que un piadoso eufemismo.

Si cuando el Estado no cumple una función la sociedad intenta suplirla por otro lado, ¿hay que pensar que se pretende fomentar la seguridad privada? ¿la autodefensa como en el modelo americano?

Y sin embargo Cotino, tiene razón en una cosa: 'No todos los factores de inseguridad son policiales'. En efecto, hay una relación directa entre pobreza y delito, entre quiebra social y violencia. Pero actuar en esa línea supone algo más que intentar desviar la atención hacia los extranjeros. Supone otras políticas.

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