Más transparencia financiera

Las finanzas del terrorismo internacional es uno de los frentes en los que EE UU está siendo particularmente activo tras los atentados del 11 de septiembre. El sistema financiero no sólo parece haber sido utilizado como vehículo para realizar las transferencias de los fondos necesarios para el mantenimiento de estas organizaciones y la puesta en práctica de atentados terroristas. También hay indicios de que, antes de los ataques, se realizaron sospechosas operaciones en Bolsa cuyo objetivo era la obtención de un beneficio económico de las caídas en los precios de las acciones de los sectores industriales que han resultado más afectados.

En su lucha contra la financiación del terrorismo, el Tesoro estadounidense ha ordenado la congelación de los activos bancarios de los individuos y las instituciones sospechosos de estar relacionados con el ataque terrorista. Sin embargo, este tipo de medidas resultan inefectivas si no se establecen en un marco de cooperación internacional. De hecho, el Gobierno de EE UU ha pedido a las Administraciones de otros países que sus entidades financieras adopten medidas similares. La gravedad de los acontecimientos ha llevado a los Gobiernos y a los bancos de los países desarrollados a colaborar estrechamente con EE UU en una investigación mundial sin precedentes. No obstante, el rastreo de estos fondos no es fácil en un mundo globalizado en el que diariamente el flujo de capitales es muy elevado. Sobre todo cuando éstos se mueven a través de transferencias bancarias por jurisdicciones internacionales muy diferentes.

Los atentados en Estados Unidos están promoviendo una mayor transparencia en el ámbito financiero internacional

Sin embargo, la voluntad de colaboración puede ayudar a superar la tradicional reticencia de algunos Gobiernos a facilitar información financiera sobre las inversiones de no residentes o a eliminar prácticas bancarias que permiten la opacidad de las transacciones dificultando así la persecución de actividades delictivas. Desde 1989 la Financial Action Task Force (FATF), con sede en la OCDE, se ocupa de coordinar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta institución publica periódicamente un listado con aquellos países o territorios cuya regulación financiera no cumple con las recomendaciones establecidas en esta materia. En su último informe, la FATF contabilizaba aún 17 jurisdicciones en esta categoría. Ahora cobra especial relevancia la tarea de este tipo de organismos. Prueba de ello es la reunión extraordinaria que la FATF ha convocado para finales de este mes. Uno de los mayores avances que se podrían dar en este terreno es que esta estrecha cooperación se prolongue más allá de los acontecimientos acaecidos en el último mes.

Carmen Hernansanz es economista-jefe de Banca, Sistema Financiero y Nueva Economía del Servicio de Estudios del BBVA.