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SERVICIOS SECRETOS

Trillo asegura que PSOE, CiU y CC apoyan la regulación del nuevo Cesid

Queda en Defensa por el ataque a EE UU, arguye

Miguel González

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del Cesid, nacerá con un amplísimo respaldo parlamentario, más del 90% de los diputados del Congreso, si se confirma el apoyo de PSOE, CiU y Coalición Canaria, adelantado ayer por el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quien ha negociado con dichos grupos las líneas generales de la regulación del nuevo servicio secreto. El Consejo de Ministros acordó remitir al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe, los anteproyectos de ley de creación y control judicial del CNI.

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Trillo-Figueroa se declaró 'muy satisfecho' del consenso alcanzado y agradeció 'de manera especial, el apoyo y colaboración' del PSOE, con cuyos representantes cerró el jueves por la noche un acuerdo sobre las líneas maestras de los dos proyectos de ley. Incluso expresó su confianza en lograr el apoyo de IU, cuyo portavoz en el Congreso, Felipe Alcaraz, no le puso 'ninguna pega de fondo o forma' cuando le informó de los proyectos, sobre los que no se pronunció. El PNV, agregó, declinó la invitación a conocer el contenido de la reforma.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, adelantó ayer su rechazo, porque, declaró a Efe, la reforma constituye 'una nueva ley de excepción que subordina las garantías jurídicas a la razón de Estado'. Por el contrario el diputado Alfredo Pérez Rubalcaba consideró que la 'arquitectura básica' de los proyectos es 'francamente buena', aunque no descartó que su grupo presente enmiendas parciales durante la tramitación parlamentaria. El portavoz socialista en la comisión de Defensa, Jordi Marsal, destacó que la nueva regulación de los servicios secretos 'garantiza y abre la puerta a nuevas relaciones' del Parlamento con el centro de inteligencia.

La diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster denunció la 'dicriminación' del Grupo Mixto en la negociación de los dos proyectos de ley, que además no incluyen a los parlamentarios de ese grupo en la comisión que controlará al sucesor del Cesid. Lasagabaster instó a los ciudadanos a realizar un seguimiento de la tramitación de esas leyes porque 'afectan a derechos y libertades fundamentales'.

Trillo-Figueroa justificó la decisión de mantener al CNI bajo la dependencia orgánica del Ministerio de Defensa, lo que hasta hace pocas semanas se descartaba, como 'la más conveniente tras los acontecimientos del 11 de septiembre', en alusión a los atentados de Nueva York y Washington. 'Es evidente que si hay una puesta en común de distintos estados para promover la lucha contra esa nueva amenaza, la inteligencia es un elemento capital', dijo. IU, por boca de Felipe Alcaraz criticó que finalmente el servicio secreto quede adscrito a Defensa porque su coalición preferiría que dependiese de Presidencia como se había planteado en un principio.

El ministro aseguró había optado por una 'regulación integral' del servicio secreto 'sin dejar cabos sueltos'. El control parlamentario del CNI correrá a cargo de la comisión de fondos reservados del Congreso y el judicial corresponderá a un magistrado del Supremo.

¿Quién es el responsable político?

'¿Quién será el responsable político del nuevo servicio secreto? ¿Quién acudirá a la comisión de control parlamentario?', se preguntó ayer al ministro Federico Trillo-Figueroa. 'El Parlamento puede llamar para hablar de los objetivos y de su consecución al director del CNI, o al ministro de Defensa, que es su responsable orgánico o, si se considera que es una responsabilidad conjunta, al vicepresidente. Allá cada cual', contestó. El difícil encaje del CNI, decidido a última hora, le ha dejado en una situación complicada. Se trata de un 'organismo público', con gran autonomía funcional, y dirigido por un secretario de Estado -es decir, un viceministro- con un mandato de cinco años. Orgánicamente, a efectos de presupuestos y personal, depende del ministro de Defensa. Pero es el presidente del Gobierno quien aprueba sus objetivos informativos anuales, de quien depende en su actuación. Y es la nueva Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, en la que Mariano Rajoy actúa como presidente y el director del CNI como secretario, la que propone dichos objetivos y coordina el centro con los servicios de información del Estado. En definitiva, no está claro quién manda y, llegado el caso, quién tendría que dar la cara. Esta ambigüedad es consecuencia de que la ley está condicionada por una situación coyuntural: el vicepresidente primero es a la vez el ministro del Interior y por eso no se le ha querido atribuir también el CNI. Como prueba de que la solución ni siquiera satisface al Gobierno, el anteproyecto deja abierta la puerta a que el presidente, mediante un simple decreto, pueda cambiar la dependencia del servicio secreto.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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