Cajastur negocia con EdF y EDP levantar el 'blindaje' que limita sus poderes en Cantábrico

Superado el veto del Gobierno a su entrada en Hidrocantábrico, Electricité de France (EdF) y Electricidade de Portugal (EDP) tienen que salvar otro escollo: el blindaje previsto en los estatutos de Hidrocantábrico que limita al 10% los derechos de voto de cualquier accionista e impide nombrar administradores. Cajastur, que tiene el control de la compañía, ya negocia con franceses y portugueses condiciones para levantar ese blindaje que sólo se puede hacer con el 75% de apoyo en junta de accionistas. Mientras, el protocolo para constituir un mercado ibérico de la electricidad se firmará en noviembre.

El Consejo de Ministros decidió ayer retirar el veto a los nuevos accionistas de la compañía eléctrica asturiana Hidrocantábrico por el que en mayo pasado el Gobierno había suprimido temporalmente los derechos políticos al consorcio hispanoalemán formado por Ferroatlántica y EnBW (ésta a su vez participado por la francesa EdF) y a la compañía portuguesa EDP. El veto se justificó por la presencia de capital público en las tres compañías extranjeras y por la exigencia española de reciprocidad en la liberalización de los mercados energéticos de sus países de procedencia.

La decisión del consejo de ministros, tras el compromiso alcanzado con las autoridades francesas y portuguesas, permitirá recuperar el pleno ejercicio de sus derechos políticos a la alianza formada por Ferroatlántica y EnBW, que se había hecho el 21 de abril con el 59,66% de la eléctrica asturiana en una proceso competitivo de ofertas públicas de adquisición (OPA), y a la sociedad instrumental Adysengival, controlada por Cajastur en consorcio con la portuguesa EDP, que posee desde entonces un 19,26%.

Proceso de ofertas

La Caja de Asturias domina a su vez directa e indirectamente otro 15%, aunque esta participación, previa a dichas OPA, no ha estado sujeta a suspensión. La alianza EDP-Cajastur controla por consiguiente el 34,26%. El levantamiento del veto del Gobierno no garantiza, sin embargo, el acceso de los nuevos accionistas al consejo de administración y a la gestión de Cantábrico, en la medida que la Caja de Asturias (Cajastur) posee la capacidad, de acuerdo con el blindaje existente en los estatutos de Cantábrico, de impedir la entrada de nuevos socios en los órganos de decisión durante dos ejercicios. Asimismo, el blindaje limita la capacidad de voto de los accionistas a un máximo del 10% del capital, cualquiera que sea su participación real.

Desde hace meses los nuevos socios mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo que permita desbloquear la situación. Por lo poco que ha trascendido hasta ahora de estos contactos, las conversaciones giran en torno a un probable reequilibrio accionarial entre las dos alianzas y la renuncia a cambio de la Caja a aplicar el blindaje a los nuevos accionistas. El blindaje sólo puede levantarse con el apoyo del 75% del capital. Por ello aunque el consorcio formado por Ferroatlántica y EnBW es hegemónico, la Caja, en alianza con Electricidade de Portugal (EDP), controla el 34,26%, lo que le confiere la capacidad de mantener o levantar esas medidas defensivas.

El Gobierno asturiano valoró ayer favorablemente la decisión del consejo de ministros por el que por la que se levantan las restricciones gubernamentales a los nuevos socios de Cantábrico. Luis María García, director general de Industria del Principado, recordó ayer que la decisión de levantar la suspensión de derecho políticos a los nuevos socios 'era esperada' por el Ejecutivo asturiano 'desde hace tiempo'.

Interconexiones

También desde hace tiempo, el Gobierno español venía persiguiendo el objetivo, al fin pactado, de aumentar las interconexiones eléctricas con Francia y con Portugal para dejar de ser una 'isla energética' en Europa. Cantábrico ha sido la moneda de cambio. Con el acuerdo, el Gobierno quiere alcanzar los 4.000 megawatios de interconexión con Francia antes del periodo 2006-2010, superando los intercambios que ahora sólo suponen menos del 3% de la energía eléctrica que ahora consume el país. Con más interconexión aumentará también la posibilidad de que las empresas españolas compitan en mercados que hasta ahora estaban cerrados.

En este sentido, fuentes oficiales portuguesas confirmaron ayer que el protocolo para la formación de un mercado ibérico de la electricidad se firmará en noviembre. A partir de entonces, las empresas de ambos países serán libres para operar en toda la península.