La nueva ley de residencias de ancianos obligará a los directores a poseer un título específico

El número de denuncias por el mal funcionamiento de residencias de ancianos va en aumento. Si en 1999 se investigaron 105 reclamaciones y en todo 2002 fueron 132, en los primeros nueve meses de este año la cifra se ha elevado a 110, según la Consejería de Servicios Sociales. Un 25% de estas reclamaciones se debe a deficiencias higiénico-sanitarias, y un 8%, a malos tratos. La consejera Pilar Martínez anunció el pasado jueves que en el presente trimestre espera cerrar 10 centros piratas. La nueva ley que regulará el funcionamiento de las residencias exigirá que los directores posean una titulación específica. Dos centros de Colmenar Viejo fueron cerrados por orden judicial hace 15 días ante la precaria situación en la que vivían 48 ancianos.

Ocho inspectores controlan 385 residencias privadas y 45 públicas (que albergan a 27.000 ancianos en la región), con una normativa que a veces no les permite actuar con la contundencia que desean, según Servicios Sociales.

Así, por ejemplo, las residencias de Colmenar Viejo acumulaban seis denuncias graves, pero sólo la intervención de la juez que decretó un procedimiento penal sobre los hechos acaecidos en el centro -falta de personal cualificado y exceso de medicación sin control- permitió el cierre definitivo de estos centros. Pilar Martínez ha reclamado la creación de un juez de mayores para que actúe de manera coordinada con la Consejería de Servicios Sociales. Y lo ha hecho a través de una propuesta de ley que ha entregado en la Asamblea para que sea sometida a estudio de los diferentes partidos políticos.

Uno de los puntos destacables de esta nueva ley es que todas aquellas personas que deseen dirigir una residencia deben realizar un cursillo básico dentro del marco general de centros residenciales. 'Estos cursos, que serán homologados por la consejería, no garantizan plenamente que los ancianos quedarán a salvo de personas que sólo buscan su beneficio económico, pero sí nos permitirán tener mayor control sobre ellos', señalan desde la consejería.

Locales ilegales

La clave del buen funcionamiento de las residencias está, a juicio de los inspectores, en la colaboración de los familiares. 'Sin ella es muy difícil ejercer un buen control', dicen. De hecho, el 50% de las denuncias recibidas este año ha sido realizado por familiares, y el 16%, por vecinos. Una denuncia de unos vecinos permitió, por ejemplo, cerrar hace dos semanas una residencia en el barrio de Salamanca de Madrid. 'Nos alertaron de que en un chalé había gran número de ancianos. Cuando llegamos allí, nos encontramos con una veintena que estaba en un local que no tenía ni los permisos municipales', relata un inspector.

Las reclamaciones que reciben son numerosas. Las más frecuentes, por falta de higiene (25%), por falta de atención (13%), por personal escaso y no cualificado (12%), por ilegalidad del centro (11%) y por malos tratos (8%).

'En las denuncias, a veces, nos cuentan que ven a personas atadas; en otras ocasiones se nos dice que no hay limpieza y, por lo general, todos se quejan de que pasan hambre', cuenta el inspector. 'Cuando acudimos a las residencias de Colmenar Viejo, nos sorprendió, además del gran número de medicinas que había en grandes bolsas sin control alguno, el hecho de que no había comida. Les preguntamos qué tenían pensado darles para desayunar al día siguiente, porque no había ni leche. Eso sí, nos pusieron la calefacción, a pesar de que hacía mucho calor ese día, porque tenían varias denuncias debido a que los ancianos se quejaban de que pasaban frío', añade el inspector.

Los ancianos, según relatan en la consejería, no suelen quejarse. 'Tienen miedo a las represalias. Las familias son quienes más se acercan a nosotros, aunque a veces tampoco. Porque son muchos, cada vez más, los que aparcan a sus mayores en estos centros y no quieren saber nada más de ellos', dice un portavoz de Servicios Sociales. 'Son muchas las ocasiones en las que, cuando queremos cerrar una residencia, nos encontramos con la oposición de las familias que se niegan a hacerse cargo de los ancianos. A veces niegan la evidencia de las malas condiciones en las que viven con tal de no recogerlos', recalca.

Los técnicos de la consejería aseguran que es imposible que los directores de las residencias sepan cuándo van a pasar una inspección. Los ocho inspectores que tiene Servicios Sociales, dos hombres y seis mujeres, se reparten el trabajo mensual y sólo ellos saben qué día visitarán cada residencia en cuestión.

'Hay signos claros que alertan a los inspectores. Una de las cosas que hacemos es levantar las camas para ver si el enfermo está limpio, tiene heridas o está atado. A veces nos encontramos hasta excrementos', relata el inspector. 'Es importante también el aspecto que presenten los residentes, su ropa, su aseo... Ellos no suelen quejarse; por eso es fundamental su imagen', añade.

La Consejería de Servicios Sociales asegura que, al aumentar las denuncias, el control es más férreo. Dicen tener localizada una veintena de residencias piratas. 'No son muchas; antes había más. Es difícil perseguirlas, porque es sencillo tener ocho anciamos en una casa. Sólo la denuncia de los vecinos nos alerta', explican.

Falta de personal

También hay denuncias sobre falta de personal. 'En ocasiones nos avisan de que hay ancianos que por la noche se quedan solos en las residencias. Y en ocasiones lo hemos podido constatar. Lo que sí es relativamente frecuente es que el personal que se queda en los centros por las noches sea mínimo y a veces sin la cualificación necesaria', informan en la consejería. En las residencias de Colmenar Viejo sólo había un cuidador por las noches y sin cualificación.

Los inspectores recuerdan casos singulares, como, por ejemplo, el de un cura que llevaba una residencia en el centro de Madrid. 'La instaló en un piso alto de un edificio sin ascensor. Cuando los ancianos llegaban por su propio pie, no había problemas, pero conforme su salud se quebraba quedaban confinados en el centro sin poder salir. Nos costó mucho cerrarla, porque el cura se negaba en redondo a reconocer el problema'.

Una de las investigaciones más complicadas, según los inspectores, fue la relativa a la residencia Virgen de la Oliva de Madrid, cuya directora fue acusada de apropiarse del dinero de sus residentes y falsear su documentación. Este centro, antes de su clausura y del realojo de los 35 ancianos que allí vivían, fue multado por la consejería en seis ocasiones.