Querellantes de salón

La relativa novedad que en nuestra corta experiencia parlamentaria supone el funcionamiento de las comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, está poniendo de manifiesto la aparición de factores en cierto modo extraños a los trabajos de la Comisión del Congreso que se ocupa en estos días de hallar luz en las profundas simas de Gescartera. Alguno de esos factores tiene que ver con el evidente y progresivo interés que entre la población despierta el espectáculo, ofrecido en vivo por TV, de poderosos señores y señoras -por más que todo y más aún el poder, resulte relativo- obligados a declarar sobre 'lo que se les pregunte y sepan', que es la fórmula vigente en todo tipo de comparecencias obligatorias por imperativo legal.

En concreto, hay que reparar en las furibundas reacciones de los Ramallo, Valiente y Roldán (nada que ver con el guindalera del tricornio), ante unas precisas y extensas declaraciones efectuadas ante sus Señorías por quien fuera jefe de los Servicios de Inspección de la CNMV, Sr. Vives, de las que ciertamente aquellos no salían muy reforzados en su buen nombre y pública honradez, sino más bien al contrario. Amenazan con querellarse de inmediato contra Vives por haberles acusado de connivencia con el presidente de Gescartera, propiciando que este chiringuito engrosara su saldo de miles de millones de pesetas finalmente desaparecidas, gastadas en regalos -algunos de los cuales, en poder de los supuestos querellantes- o transferidos a cuentas ignotas de paraísos fiscales dentro de la más completa impunidad.

Sorprende que gentes conocedoras del Derecho en mayor o menor grado, lleguen a considerar con tanta precipitación la viabilidad de una acción penal por supuesto delito de calumnia contra alguien que, llamado por mandato legal a prestar declaración sobre unos hechos de los que ha tenido conocimiento, bien ante un órgano Judicial o Comisión del Parlamento, cumple con su deber bajo juramento o promesa de decir verdad. En el caso más favorable a los integrantes de la famosa troika, deberían esperar a que otras pruebas practicadas a lo largo del mismo proceso investigador evidenciaran la falsedad de las imputaciones del Sr. Vives. Digo evidenciaran, no que contradijeran a éste, cosa por demás frecuente en todos y cada uno de los asuntos sujetos a investigación.

Pero en el anunciado propósito de vestirse con ropaje judicial quienes, por ahora, están más bien desnudos en medio de negras sombras de sospecha, se vislumbra un objetivo de mayor alcance que resulta preocupante. Dado que la L.O. 5/1.984, de 24 de Mayo, confirma la obligación de 'todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España' de comparecer personalmente, cuando fueren llamados, ante las Comisiones parlamentarias de investigación, la solución estaría en amordazar por el miedo a todo compareciente que se atreviera a declarar sobre los hechos objeto de la investigación siempre que a través de sus manifestaciones imputara alguna responsabilidad a concretas personas o entidades. Con tan quevedesco anuncio tratarían de eludir la tarea investigadora del Parlamento, sustituyendo ésta por la mascarada de un desfile de mudos comparecientes acogidos a su derecho constitucional de no declarar.

Ahora bien, como todos estamos convencidos de la profunda convicción democrática y hondo fervor constitucional de Valiente Roldán es Ramallo, sugiero que templen y frenen la presentación de las anunciadas querellas, al menos hasta conocer los trabajos y conclusiones de la Comisión de Investigación, no vaya a ser que, empecinados en su afán de lavar su propia mácula, lesionen derechos de terceros, es decir de quienes se verían coartados en su libertad de declarar conforme a su leal saber y entender y de quienes, formando parte del magma ciudadano, estamos interesados en adquirir nuestra personal convicción sobre el mayor de los escándalos patrimoniales que, por ahora, ondea bajo bandera de la gaviota.

Francisco Granados es abogado y ex delegado del Gobierno de la Comunidad con el PSOE.