Un trámite judicial encalla la adquisición del Tibidabo por el Ayuntamiento

El consistorio pagará casi 2.000 millones

El pasado 22 de febrero el alcalde de Barcelona, Joan Clos, recibió las llaves del parque del Tibidabo de manos del director de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero ese acto no le daba el control legal definitivo. Una resolución judicial de la Audiencia de Barcelona impide -por lo menos hasta que haya sentencia- que el Ayuntamiento pueda asumir la propiedad efectiva del parque, tras el recurso presentado por el Consejo de Administración de Grand Tibidabo.

Grand Tibidabo, anterior propietaria de Parque de Atracciones Tibidabo, SA (PATSA), alega defectos de forma y perjuicio por el precio de la venta para los accionistas de la sociedad. Estos argumentos fueron rechazados por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona. Pero a primeros de julio los accionistas apelaron a la Audiencia de Barcelona, que ha admitido tanto la impugnación de la venta como la suspensión de los efectos de ésta. Ahora la decisión depende de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona, lo que significa que la adquisición por parte del Ayuntamiento no podrá ser sellada hasta dentro de unos 18 meses, el tiempo medio de resolución de recursos.

PATSA es filial de Grand Tibidabo, la compañía cuya descapitalización se imputa a Javier de la Rosa y que se encuentra en situación legal de quiebra. Sus acreedores se mostraron mayoritariamente favorables a la venta de PATSA, considerada el activo principal de Grand Tibidabo. Ello fue decisivo para que el juez de primera instancia autorizase la venta de los activos sometidos a administración judicial.

En febrero de 2000, la Seguridad Social instó la subasta de las cerca de siete hectáreas de terrenos en los que se levantan el parque de atracciones y su aparcamiento. El consistorio se comprometió a pagar 1.963 millones, de los que adelantó el 25% y el resto se pagará a cuatro años. El actor de la subasta, la Seguridad Social, ingresará al final 700 millones: las deudas de PATSA y 400 millones más equivalentes al valor catastral de las fincas.

El director del parque, Santiago Sardà, afirma que para el recinto lúdico y sus trabajadores 'lo que interesa es un propietario digno, y quién más digno que el Ayuntamiento de la ciudad'. Sardà mantiene que, a pesar del bloqueo de la venta, el parque y la sociedad municipal de aparcamientos SMASA siguen trabajado en los programas futuros del parque de atracciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 06 de octubre de 2001.

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