Cambio pisos por estadio

El 8 de junio de 1999, en un mitin celebrado ante el estadio Colombino, el entonces candidato por el PSOE a la alcaldía de Huelva, José Juan Díaz Trillo, prometió, con la camisa granate bañada en sudor, que allí no se construiría ninguna vivienda. Entre las 300 personas del público asistente al acto estaban cuatro vecinos de Isla Chica: Cristóbal Forján Ruzo, Cinta Vargas, Jorge Puente y Manuel Muñoz. José Juan Díaz Trillo, cuando regresaba por la noche en coche a casa,lamentaba que en esa campaña electoral sólo se estaba hablando de fútbol. Casi nada de propuestas. O de política. El PP únicamente había incluido un punto en su programa electoral: La salvación del Recreativo de Huelva, que precisaba de 2.700 millones de pesetas para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva y no descender a Tercera División.

El alcalde, Pedro Rodríguez, del Partido Popular (PP), ideó una compleja operación urbanística para conseguir ese dinero: Vender el suelo del estadio Colombino por 2.700 millones de pesetas a la inmobiliaria Odeinsa -participada en un 20% por El Monte-, a fin de que se construyeran allí 570 viviendas, en una de las zonas más masificadas de la ciudad.

El proyecto provocó el inmediato rechazo de numerosos ciudadanos. Aquellos cuatro vecinos que asistieron al mitin de Díaz Trillo constituyeron la Plataforma Pro Isla Chica. Llenaron de pancartas los balcones del barrio: 'Ni una sola vivienda en el estadio', se lee en ellas. Tiempo después buscaron un abogado, Juan Torres Toronjo. Ese letrado, que curiosamente milita en el PP, interpuso una denuncia en marzo del 2001, que tres meses después elevó a querella criminal, contra Pedro Rodríguez; Francisco Moro, concejal de Urbanismo; Enrique Pérez Vigueras, concejal de Personal y presidente de la empresa municipal Huelva Deportes; Maikel Dumois León, gerente de Huelva Deportes y José Zamorano, gerente de la Empresa Municipal de Urbanismo. El abogado les acusa de la comisión de un total de 54 delitos, incluidos en los tipos de malversación de fondos públicos, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

El titular del Juzgado de instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Balerdi Múgica, se hizo cargo de la instrucción del sumario. El pasado 26 de septiembre envió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el auto, en el que califica como imputado a Pedro Rodríguez, que además de alcalde también es parlamentario andaluz por el PP y, por tanto, aforado. El informe del juez es demoledor. El magistrado observa en el auto la existencia de numerosos indicios de delito, 'suficientes para considerar que el proceso global no hubiera podido seguirse sin el conocimiento y directa intervención, colaboración, y hasta dirección en determinados aspectos del querellado'. El informe concluye diciendo que 'se desprende de lo actuado una imputación de hechos contra el aforado individualizada y verosímil'.

Díaz Trillo y el secretario provincial de UGT-Huelva, José María Muñoz, se personaron como acusación particular en la querella. Desde la sombra, cuentan con el apoyo de Francisco Nieves, que en las pasadas elecciones municipales concurrió como número dos del PP en la lista electoral, pero hace un año abandonó el partido debido a sus diferencias políticas con Pedro Rodríguez. Nieves, ex secretario provincial del PP, es un profundo conocedor de los entresijos del partido y de las actuaciones del grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva. 'El tiempo ha demostrado que estamos ante un caso de supuesta corrupción. Pedro Rodríguez miente', afirmó ayer Nieves.

La lucha de la Plataforma, según sus integrantes, no ha hecho más que empezar. Sus dirigentes anunciaron ayer que llamarán a declarar como testigos ante el TSJA a Teófila Martínez, presidenta del PP de Andalucía, y a Antonio Sanz, secretario regional del PP, para que aclaren todo lo que saben del proyecto de Isla Chica y de los negocios de Rodríguez.

El proyecto elaborado por el Ayuntamiento sobre la barriada de Isla Chica contemplaba en principio la construcción de 900 viviendas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La presión vecinal hizo que los redactores de ese plan rebajaran el número de pisos a 570. Pero las protestas vecinales continuaron, con el argumento de que Isla Chica es la zona de mayor densidad de población de la capital onubense. Desde ese momento, el alcalde y el concejal de Urbanismo se han escudado en que la Junta de Andalucía, que finalmente debe dar la luz verde definitiva al nuevo PGOU, sea quien marque el número de viviendas a construir. Desde el PSOE se ha replicado que debe ser el Ayuntamiento quien proponga exactamente la cifra de casas que se pretende levantar.