Detenido un empresario de Lleida por estafar a inmigrantes irregulares
Solicitó 322 permisos de residencia y trabajo con documentos falsos
La policía ha detenido a Francisco C. R., de 39 años y vecino de la localidad leridana de Soses, como presunto autor de un delito de estafa y falsedad supuestamente cometido al organizar una trama para legalizar a inmigrantes extranjeros sin papeles a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre las 50.000 y las 300.000 pesetas. El detenido, que quedó en libertad tras declarar ante el juez, actuaba con la cobertura de dos empresas y solicitó 322 permisos de trabajo y residencia con documentos falsos.
Francisco C. R. era administrador de las empresas Exfrule, SL y Agropecuaria Piglike, SL. Fuentes policiales explicaron ayer que unas veces se hacía pasar por abogado y otras por gestor con el fin de captar clientes en las plazas y calles de varias localidades de la zona del Baix Segre. A esa parte de la provincia de Lleida llegan todos los años centenares de inmigrantes magrebíes y subsaharianos para trabajar en las tareas de recolección de la fruta, aunque la gran mayoría no puede hacerlo por carecer de documentación y porque la demanda de empleo es siempre muy superior a la oferta de puestos de trabajo. Sin embargo, los inmigrantes permanecen en la zona con la esperanza de encontrar trabajo y acaban convertidos en víctimas de estafadores.
Antes de efectuar ninguna gestión, el empresario exigía al inmigrante 50.000 pesetas para realizar los primeros trámites y pactaban que el resto se lo pagarían cuando les entregara la tarjeta de residencia.
Un mes tras la pista
El Cuerpo Nacional de Policía se puso sobre la pista hace un mes, cuando la Oficina Única de Extranjeros de Lleida descubrió que el detenido había presentado 322 solicitudes de permiso de trabajo y de residencia para extranjeros de distintas nacionalidades. Al analizarse los expedientes, se comprobó que la mayoría contenía documentos falsos, como contratos de trabajo y certificados de empadronamiento de distintos ayuntamientos.
Los expedientes incluían también una oferta laboral inexistente en las propias empresas del detenido. Los investigadores comprobaron que una de estas sociedades está inoperante y que en la otra sólo trabajaban dos obreros, sin que ninguno de ellos estuviera dado de alta en la Seguridad Social.
El descubrimiento del fraude ha impedido que se consumara la estafa. Los inmigrantes que se convirtieron en víctimas del empresario desconocían los trámites para legalizar su situación en España, por lo que creyeron a pie juntillas las promesas del detenido.
