Una reforma para avanzar

Acaba de reanudar su tarea la mesa tripartita formada por representantes del Gobierno central, la organización empresarial y los sindicatos para la reforma de la negociación colectiva en España. Los dos meses de negociaciones previos al verano han servido, al menos, para poner fín a 'la presión ambiental' que se había creado sobre los sindicatos para que asumieran una urgencia negociadora que olvidaba uno de los principios básicos sobre los que se asienta la negociación colectiva en el modelo de relaciones laborales en el que está inserta nuestra legislación al respecto, la autonomía de las partes negociadoras.

Antes del verano, el Gobierno central presentó un polémico 'documento de reflexión' en el que, desde un punto de vista autonómico, quiero destacar la pretensión de reforzar el papel de los convenios sectoriales y de empresa y reducir el de los convenios autonómicos y provinciales.

Si puede entenderse esa pretensión respecto de los convenios provinciales por diversas consideraciones, no ocurre lo mismo en los de ámbito autonómico. No se olvide, en primer lugar, que estos convenios autonómicos no llegan ni al 1 % del total de los negociados en España y que afectan escasamente al 8 % de las empresas y de los trabajadores.

Por otro lado, la realidad está acercando cada vez más las condiciones económicas y laborales de las provincias que conforman una comunidad autónoma y, al mismo tiempo, el escenario institucional está sufriendo una transformación fundamental con la transferencia a las comunidades autònomas de las competencias en cuestiones laborales: si en estos últimos años están siendo objeto de esas transferencias las políticas activas de empleo, con anterioridad lo habían sido las relacionadas con la negociación colectiva, las condiciones de trabajo, los temas de salud laboral, etcétera. Además de las cada vez más extendidas prácticas de acuerdos de concertación entre los agentes económicos y sociales en el ámbito autonómico sobre las políticas que inciden en la generación de empleo.

De esa manera, incluir en el mismo 'paquete' de convenios a limitar los provinciales y los autonómicos solo puede tener sentido en una obsesión centralista que no casa bien con el diseño del Estado de las Autonomías.Si el marco de las competencias laborales está siendo cada vez más la comunidad autónoma es positivo, entiendo, que ese vaya siendo también un marco importante (no exclusivo ni, quizás, el más general) en la negociación colectiva entre los empresarios y sindicatos.

De otra parte, el temario a negociar cabe calificarlo como conservador frente a las potencialidades de la negociación colectiva. En Andalucía, lo dicen los datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, cada vez se introducen en los convenios colectivos más cláusulas para la distribución del tiempo de trabajo, para la creación de empleo, la eliminación de horas extras y la reducción de la contratación temporal. Todo ello incide tanto en la capacidad de una economía para generar empleo como en la mejora de las relaciones de trabajo en el seno de la empresa.

El V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía recoge la siguiente declaración: 'la negociación colectiva constituye uno de los elementos más relevantes para favorecer la creaciòn de empleo y el incremento de la competitividad del tejido empresarial'.

Con esa premisa, el pacto social andaluz (que también considera necesaria una racionalización de la negociación colectiva) hace propuestas para: corregir las situaciones de desigualdad de la mujer y los colectivos desfavorecidos en el mercado laboral, fomentar el empleo mediante cláusulas específicas, el tratamiento de los trabajadores inmigrantes, luchar contra la economía irregular y mejorar las condiciones de trabajo, en especial, las actuaciones de prevención de riesgos laborales.

Creo que estas cuestiones deben ser tambien consideradas a la hora de hablar de la reforma de la negociación colectiva. Porque si queremos obtener de ella toda la rentabilidad es preciso profundizar en sus contenidos. Y sobre eso no parece encontrarse nada en la posición del Gobierno de España en una mesa en la que aún está por ver si su pretensión es fomentar la negociación colectiva o difuminarla y abonar el terreno a las relaciones individualizadas. Que, como se está viendo en estos días, parece ser el objetivo a conseguir por parte de la patronal y de algunos de sus sectores más intransigentes con la democracia laboral.

José Antonio Viera Chacón es Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico