La juez cerró las residencias de Colmenar por creer que se suministraban fármacos sin supervisión médica

La titular del Juzgado número 3 de Colmenar Viejo, que decretó el pasado 28 de septiembre la clausura de las residencias Santa Rosa de Lima y La Milagrosa de esta localidad, halló un gran número de psicofármacos, fundamentalmente tranquilizantes, almacenados en los centros y supuestamente destinados a ser administrados a los ancianos sin prescripción médica, ya que el facultativo del centro ha negado habérselos recetado. Ayer, la Consejería de Servicios Sociales inició acciones legales contra los familiares de diez de los ancianos de los centros cerrados, al negarse aquéllos a hacerse cargo de sus mayores.

En los razonamientos jurídicos del auto, la juez explica que hay varios hechos objeto de delito. Así, recoge que, en el momento de realizarse la inspección ocular de las residencias, el pasado viernes, 'ciudadanos extranjeros en situación de absoluta ilegalidad y sin ninguna clase de cualificación' eran los que atendían los centros, 'sin que estuviera asegurado el adecuado trato a los residentes'.

Esta cualificación es necesaria, según la juez, 'habida cuenta de que la mayoría de los ancianos son personas asistidas con necesidad de constante ingesta de medicación' y, al requerir algunos de los fármacos prescritos, de 'conocimientos especializados en razón de los riesgos que su mal uso puede conllevar'. Sin embargo, las residencias contaban 'únicamente con dos auxiliares de clínica (hijas de la propietaria) como personal especializado'.

La juez, en la inspección que realizó a los dos centros de Colmenar Viejo acompañada por el fiscal y el forense, halló 'un acopio de medicación totalmente excesivo en variedad y cantidad en relación al número de residentes'. Además, no se facilitaron las correspondientes recetas del médico que las hubiera prescrito, 'y eso que se trata de medicación que obligatoriamente necesita las correspondientes recetas'. El auto especifica que el forense halló 18 cajas de Haloperidol, 25 de Dormodol, ocho de Orfidal, 18 de Zyprexa y cinco de Lexatil, todos ellos psicofármacos.

Apilados en bolsas

Personal de la Consejería de Servicios Sociales que estuvo presente en la visita de la juez explicó a este periódico que los medicamentos estaban apilados en grandes bolsas sin clasificar y al alcance de los ancianos, 'con el consiguiente riesgo' que ello comporta. Según estas mismas fuentes, algunos de los productos estaban caducados. El médico de la residencia, el doctor Del Val, negó, según el escrito de la juez, haberlos prescrito.

Por todo ello, la juez consideró procedente adoptar la medida de clausura dentro de las previsiones del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 2 del Código Penal, así como el artículo 366 del mismo texto legal en relación a la posible existencia de un delito tipificado en el artículo 361 del Código Penal, dada la situación existente de riesgo para la salud de los residentes.

La juez, en su resolución, daba a la Comunidad un plazo de 24 horas para que los ancianos que no tuvieran familia fueran realojados en otros centros, y los que sí la tuvieran regresaran a la tutela de sus parientes. Pero, a pesar de los numerosos avisos realizados por Servicios Sociales -tanto por escrito como por teléfono-, diez de los residentes no han sido acogidos por sus hijos. Por ello, la consejería ha dado cuenta a la juez de esta situación para que ejerza las acciones legales pertinentes.

Por otra parte, Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, presentó ayer el borrador de la Ley de Mejora de la Calidad de centros asistenciales. En él se contempla la posibilidad de multar hasta con 25 millones de pesetas a los centros que incumplan la normativa. Los grupos políticos tiene 30 días para hacer aportaciones al texto. La intención de Martínez es que haya consenso antes de fin de año, para comenzar la tramitación parlamentaria a principios de 2002.