Tigres de papel

El viernes, Ibarretxe consideró 'increíble' que haya quienes se nieguen a reconocer la existencia de un 'problema político' en el País Vasco. El domingo, en una campa, añadió ante miles de nacionalistas (convocados tras la consigna 'De las palabras a los hechos') que si las cosas no cambiaban se proponía consultar directamente a la población, se supone que sobre la posibilidad de la independencia. El mismo día Arzalluz dijo que antes se cortaría la mano que aprobar una constitución española, y el martes completaba el mensaje amenazando con abandonar el Parlamento.

Parecen sólo palabras (tigres de papel), pero si PP y PSOE hubieran aceptado la declaración del lehendakari sobre la existencia de un 'problema político más allá de la violencia' el acuerdo habría sido interpretado para siempre como el reconocimiento por parte de la oposición de que no hay solución posible en el marco institucional, y que hay por tanto que modificarlo para llegar al corazón del conflicto. La lógica de la consulta de Ibarretxe es la de contraponer dos legitimidades o, como ha insinuado Egibar, plantear un conflicto a quienes niegan que exista.

Negar la existencia de un 'contencioso entre el pueblo vasco y el Estado español' supone, según Ibarretxe y Egibar, retroceder a posiciones anteriores al Pacto de Ajuria Enea. Esa formulación no aparece en el texto del Pacto, de 1988, sino en una declaración añadida en 1991, por insistencia de EA. Su alcance venía matizado por consideraciones como la que precisaba que la existencia de ese contencioso 'no puede ocultar la auténtica naturaleza del problema, que consiste en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la gran mayoría' (...) a la que pretende 'doblegar mediante la fuerza y el terror'.

Entre las 'realidades' que probarían la existencia de ese problema tan especial, Ibarretxe volvió a invocar (abusivamente) los resultados del referéndum constitucional, la pervivencia del nacionalismo a los 106 años de su fundación (¿no será que la voluntad de continuidad del nacionalismo alimenta la del conflicto?) y la aprobación en 1990 por el Parlamento vasco de una declaración a favor de la autodeterminación. En esa declaración, auspiciada por Euskadiko Ezkerra, la autodeterminación se plantea como un proceso 'gradual' integrado por el 'conjunto de decisiones que el pueblo vasco adopte', siempre partiendo del Estatuto como 'punto de encuentro' y 'marco válido' para resolver los problemas de la sociedad vasca. Poco que ver con el rupturismo de Lizarra, aunque sea invocada ahora como aval democrático de la pretensión de pasar de las palabras a los hechos.

Entre el viernes y el martes, PP y PSOE pactaron una renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que excluía por primera vez al PNV. Excluir a las minorías nacionalistas de los organismos comunes supone una invitación a limitar su participación en la propia comunidad, en la que son mayoritarios. Es decir, lo contrario a lo que se perseguía con la creación del Estado autonómico. El buen sentido político debería sustituir mediante acuerdos la ausencia de normas que garanticen esa presencia. La sospecha de que el PNV ha preferido explotar el victimismo a buscar un acuerdo no exculpa, sino agrava, el error. Sobre todo porque refuerza la línea rupturista dentro del nacionalismo. Pero tiene fuerza el argumento del PP de que no era conveniente una candidata tan marcada políticamente (la diputada Margarita Uría). La reforma en el sistema de elección aspira justamente a combatir la imagen de parcialidad que proyecta el reparto entre partidos. Como mínimo, sería deseable evitar un tránsito directo del escaño al Consejo.

También era diputado, cuando fue nombrado, el anterior vocal propuesto por el PNV, Emilio Olabarría. Sus pronunciamientos públicos en un tema tan delicado como el de los presos, sosteniendo públicamente, de acuerdo con la posición de su partido, que la dispersión es ilegal -no un error político, sino contraria a la ley-, fue un caso extremo de lo que habría que evitar en un organismo como el CGPJ. Pero socialistas y populares estaban mal situados para hacer reproches al PNV porque el acuerdo entre ellos no había sido de consenso sino de consentimiento mutuo: yo no cuestiono tus candidatos si tu aceptas los míos.

Había motivos para un debate sobre estas cuestiones, pero Arzalluz ha conseguido (otra vez) que de lo que se hable sea de sus tigres de papel.