La Guardia Civil desmantela una red que prostituía a mujeres moldavas

La Guardia Civil, a través de la denominada Operación Atila, ha desmantelado una red de ciudadanos moldavos que secuestraban y obligaban a prostituirse a jóvenes moldavas en Madrid. Los mafiosos recluían a las chicas en viviendas de la capital y tenían pensado venderlas por unos cuatro millones de pesetas cada una a través de una agencia matrimonial que ya tenían casi montada. La red también actuaba en Pamplona.

Los detenidos, según fuentes de la Guardia Civil, son tres moldavos y un español, responsables de la organización, aunque también en la misma operación han sido imputadas otras ocho personas de nacionalidad española como presuntas autoras de un delito contra el derecho de los trabajadores.

La Operación Atila comenzó a finales del año pasado, cuando agentes de la Guardia Civil pudieron constatar que ocho mujeres de nacionalidad moldava y sin documentación en regla eran obligadas a trabajar en varios clubes y locales de strip tease de la zona de Callao y de Atocha, y que se encontraban recluidas en un piso de la capital. Si las mujeres denuncian a las mafias y testifican ante un juez, pasarían a ser testigos protegidas y, gracias al artículo 59 de la Ley de Extranjería, evitarían la expulsión de España.

Las pesquisas dieron sus frutos el pasado mes de diciembre, cuando fue detenido en Madrid el cabecilla de la red, V. C., moldavo de 29 años, como presunto autor de un delito contra los trabajadores, extorsión y secuestro. Su misión consistía en controlar a las mujeres y recaudar todos los beneficios obtenidos por ellas para posteriormente enviarlos a los cabecillas de la red en Moldavia.

Españoles implicados

La investigación confirmó la implicación de otras tres personas que trabajaban para la red. En Pamplona ha sido arrestado M. D., de 35 años, y, en Torrejón de Ardoz, I. P., de 35, ambos moldavos y encargados de la infraestructura de la red. Además, en la localidad de Majadahonda ha sido detenido F. A. F., español de 62 años, presuntamente relacionado con la red y propietario de uno de los clubes en los que trabajaban las mujeres. Las otras ocho personas imputadas son miembros de las sociedades que controlaban las salas de striptease en las que trabajaban las jóvenes.

La red desmantelada actuaba desde Moldavia, donde dos personas de dicha nacionalidad captaban a mujeres jóvenes, a las que ofrecían un trabajo digno en España. Posteriormente las secuestraban y les obligaban a prostituirse bajo amenazas de muerte a sus familiares en Moldavia.

Las investigaciones practicadas y la colaboración de Interpol y de las policías de Alemania, Francia, Rumania y Moldavia permitieron constatar que la red había actuado antes en Rumania, Turquía y Francia.