El STEPV reclama al Consell la aplicación de medidas concretas para desplegar la ley de formación de adultos

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) reclama al Consell la aplicación de siete medidas concretas para desarrollar la ley de Formación de Personas Adultas, aprobada por unanimidad de las Cortes Valencianas en 1995. Según el STEPV, el Gobierno valenciano ha incumplido sistemáticamente los preceptos de la ley, que ha sufrido numerosas dificultades en su desarrollo.

Para el primer sindicato de docentes no universitarios, el Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana debe elaborar un plan con sensuado de actuaciones para la formación de personas adultas, así como dotarlo presupuestariamente en las cuentas autonómicas de 2002 y articular los mecanismos necesarios para que las Administraciones locales puedan elaborar planes adaptados a la realidad de sus municipios.

El STEPV exige también que el Consell, a propuesta de la Consejería de Educación, establezca las normas que definirán las plantillas, los equipos de profesionales, el catálogo y la provisión de puestos en los que se reconozca la singularidad de esta clase de formación. La quinta de las peticiones del STEPV al Gobierno valenciano es el desarrollo de la normativa que permitirá constituir los consejos territoriales en los que se garantice la gestión social, la participación y la promoción de las asociaciones de personas adultas.

Igualmente, el sindicato solicita que se realicen las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para contribuir al sostenimiento de los gastos de personal contratado por los ayuntamientos.

La última de las peticiones del STEPV al Consell es un plan de edificación de nuevos centros de formación de personas adultas, adecuación y reforma de los actuales y equipamiento de los mismos, que debería incluir informática, materiales y mobiliario.

Para el STEPV, la ley de Formación de Personas Adultas asumió una de las concepciones más modernas y progresistas dirigidas a mejorar la educación de este colectivo social, aunque 'duerme en los cajones de la Administración' por falta de voluntad política para desarrollarla.