El auge del turismo contrasta con la crisis de otros sectores, el paro y el fenómeno de la inmigración

El turismo se ha consolidado como una de las patas fundamentales de la economía gaditana, que cojea en otros sectores, como el pesquero y el industrial, y que contrasta con problemas como el tráfico de drogas o la llegada de inmigrantes irregulares. Frente a los positivos indicadores turísticos, que no dejan de crecer, el fracaso de las negociaciones pesqueras con Marruecos ha supuesto un varapalo de consecuencias aún imprevisibles y que cobrará su verdadera dimensión cuando finalicen, el 31 de diciembre, las ayudas económicas que perciben mensualmente los armadores y marineros afectados.

El panorama es especialmente desalentador en localidades como Barbate, cuya población depende directa o indirectamente en un 70% de la flota que ahora permanece amarrada forzosamente a puerto, y, en menor medida, en Algeciras y El Puerto de Santa María.

Las grandes industrias de la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar no viven tampoco su mejor momento, lo que, unido a la excesiva implantación de la economía sumergida que no aflora -en algunos caso dependientes de actividades ilícitas como el narcotráfico-, han impedido a la provincia aprovechar el ritmo de generación de empleo en los porcentajes deseados de otros territorios.

Así las cosas, Cádiz sigue ostentando el honor de liderar las estadísticas del desempleo nacional con un 14 % de parados según el Instituto Nacional de Empleo y casi el doble, conforme a la Encuesta de Población Activa (EPA). La renta per cápita de la provincia es además de las más bajas del país, aunque este factor negativo se alivia con una inflación muy por debajo de la media nacional.

Los sindicatos y empresarios gaditanos achacan esta realidad al gran peso del sector terciario, a la estacionalidad de los empleos, al elevado número de personas que cobran pensiones por jubilación, y a la carencia de infraestructuras. Este último factor es el más 'sangrante' para los agentes sociales, que denuncian que el mapa de carreteras y vías ferroviarias no ha variado prácticamente nada en los últimos 20 años. Este problema endémico se agrava con el hecho de que Cádiz es la única provincia que tiene una autopista de peaje para comunicarse con Sevilla. El abandono histórico en las comunicaciones afecta sobremanera al Campo de Gibraltar.

En este escenario, encuentran su asidero las mafías dedicadas al narcotráfico, al blanqueo de dinero, al transporte de inmigrantes y a la especulación urbanística. Algunos municipios padecen en sus carnes una excesiva servidumbre de suelo militar o protegido por parques naturales, especialmente Barbate y San Fernando.

Así las cosas, las irregularidades urbanísticas inundan buena parte del litoral gaditano. El recorrido comienza en la costa noroeste de la provincia con polos de edificaciones ilegales como la Jara y Punta Montijo, entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. En esta última localidad, se levanta también Aguadulce, y en Rota las construcciones de Tres Piedras. De ahí se salta a la Bahía de Cádiz hasta llegar a la costa de la comarca de la Janda, donde han proliferado las edificaciones ilegales en zonas rústicas y en algunos casos en primera línea de playa. El Colorao y Fuente del Gallo, en Conil; El Palmar, en Vejer, y los Caños de Meca y Zahora, en Barbate, son ejemplos, en especial estos últimos casos, de junglas urbanísticas.

El Lentiscal, en Bolonia, una pedanía de Tarifa, y Monte Betis, Monte de la Peña, y El Chaparral en el municipio tarifeño albergan construcciones irregulares. Torre Guadiaro, en San Roque, y El Zabal, en La Línea completan la proliferación de viviendas irregulares que, en la mayoría de los casos, son segundas residencias en suelos rústicos con protección por razones paisajísticas, agrícolas o de otro tipo.

Permisividad municipal

Esta permanente violación urbanística ha sobrevivido gracias a la permisividad de los ayuntamientos. Esta circunstancia ha obligado a la Junta de Andalucía a retiras las competencias urbanísticas a cuatro ayuntamientos (La Línea, Tarifa, San Roque y Barbate), y a crear la Oficina de Protección del Litoral.

Los movimientos ecologistas han denunciado estos atropellos urbanísticos y otros relacionados con grandes operaciones que han recibido varapalos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia como Atlanterra, en Tarifa, o Montenmedio, en Barbate. Sin embargo, los ecologistas han perdido fuerza por la separación del movimiento verde entre Ecologistas en Acción y Agaden.