EE UU tiene base legal para actuar

Así como el ataque contra los serbios por la OTAN durante la guerra de Kosovo se prestó a grandes dudas sobre su legalidad, en esta ocasión el derecho a la legítima defensa está de parte de EE UU, tras los actos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, siempre que quede identificado el agresor. La Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1.368 (2001) del Consejo de Seguridad votada por unanimidad (lo que implica la aprobación de Rusia y China), tras menos de media hora de debate al día siguiente de la tragedia pasó desapercibida. Pero supone un respaldo a la posición de EE UU. Tras su aprobación, sin embargo, surgieron algunas preguntas.

La Carta de las Naciones Unidas, en su conocido artículo 51, asegura 'el derecho de legítima defensa, individual o colectiva', en caso de un 'ataque armado' contra un Estado miembro, 'hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales'. Obliga a dicho Estado a comunicar 'inmediatamente' sus acciones al Consejo de Seguridad, que conserva su autoridad y responsabilidad 'para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria' para esos fines. La Resolución 1.368 (2001), expresa que el Consejo de Seguridad 'está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en todas sus formas' y 'decide seguir ocupándose de la cuestión'. Naturalmente, al tener EE UU derecho de veto, el Consejo de Seguridad no tendría ya posibilidad de aprobar resolución alguna que fuera contra el deseo de Washington.

Bush ha sido autorizado por el Congreso 'para el uso de toda la fuerza necesaria' contra aquellos 'que él considere' que montaron el ataque del 11 de septiembre

La Carta de la ONU, en su artículo 51, asegura 'el derecho de legítima defensa, individual o colectiva', en caso de un 'ataque armado' contra un Estado miembro

En diciembre de 2000, el Consejo de Seguridad ya ordenó 'congelar sin demora los fondos y otros activos financieros' de Bin Laden. Nadie lo hizo

Como casi todo en derecho internacional, la Carta y la resolución se prestan a interpretaciones diversas. Algunos expertos cuestionan que estemos ante un 'ataque armado', o, como lo calificó Bush minutos después de que una cadena de televisión lanzara la expresión, un 'acto de guerra'. Pero la mayoría de los expertos sí aceptan que es un 'ataque', aunque las disposiciones del artículo 51 estuvieran pensadas para una respuesta inmediata. La legítima defensa se producirá contra el atacante, y en ningún lugar se afirma que deba ser un Estado, aunque la Carta estaba pensada para gestionar las relaciones entre Estados, no para actos terroristas como éste. De hecho, el texto fundacional de la ONU no cita en ningún momento el vocablo 'terrorismo'. Finalmente, la legítima defensa debe ser contra un agresor identificado, o al menos identificable, y exterior. El ordenamiento, como el de la OTAN, no está pensado para ataques internos, aunque en los años sesenta se le diera tal interpretación en el Tratado de Río ante el auge de las guerrillas y agresiones de la entonces Unión Soviética por agresor interpuesto.

En la ocasión presente no estamos al menos aún ni formalmente, en tiempo de guerra. La llamada 'autorización para el uso de la fuerza militar' que el Congreso de EE UU aprobó el 14 de septiembre para dar poderes especiales al presidente no sólo no cita a un Estado, persona u organización agresora, sino que lo deja todo en manos de Bush al autorizarle 'para el uso de toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones y personas que él considere que de forma determinante planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron' en el ataque del 11 de septiembre. Si se suman los 10.000 millones de dólares de presupuesto extraordinario de los que la Administración puede hacer uso sin tener que justificarlos, estamos prácticamente ante una carta blanca.

Resolución de 2000

Bush tiene las espaldas internacionales bastante bien cubiertas. Además, cuenta con otra Resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán (la 1.333, del 19 de diciembre de 2000 -a la que se ha dado poco relieve y que sigue a otra de 1999-, sumamente crítica con el régimen de los talibán y en la que deplora, 'el hecho de que los talibanes sigan proporcionando un refugio seguro a Usama bin Laden y permitiendo que él y sus asociados dirijan una red de campamentos de entrenamiento en el territorio controlado por los talibanes y que utilicen al Afganistán como base para patrocinar operaciones terroristas internacionales', para exigir que 'dejen de dar refugio tal como ya se pidió en 1999 y de entrenar a terroristas internacionales' y que 'entreguen a Usama bin Laden a las autoridades competentes de un país donde haya sido objeto de acusación' o de un país 'desde el cual haya de ser devuelto al primero' o 'de donde haya de ser detenido y debidamente enjuiciado'. Además, manda tomar toda una serie de medidas para aislar al régimen afgano y -era diciembre pasado, recordémoslo, pues sólo el pasado lunes, EE UU tomó esas medidas- 'congelar sin demora los fondos y otros activos financieros' de Bin Laden y de 'las personas y entidades con él asociadas (...) incluidos los de la organización Al Qaida (...)'. Ni siquiera EE UU acató la orden entonces

Todo esto da un respaldo a EE UU. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su discurso ante la Asamblea General, ha pedido que la coalición internacional se cree en el marco de la ONU y que se lleve a los terroristas ante la justicia.Pero son aún necesarias pruebas ante una respuesta. Y, ante el mundo musulmán, EE UU e cargaría de razones si su acción se viera respaldada por una nueva resolución del Consejo de Seguridad, como, entre otros Estados, ha pedido Pakistán. Tras los esfuerzos para forjar su coalición internacional, EE UU podría aceptar tal resolución, pero probablemente a posteriori.