Azkarraga reclama al Ministerio de Justicia plenas competencias para organizar a sus funcionarios

La necesidad de que el Ministerio de Justicia complete las transferencias para organizar mejor a los funcionarios centró las reivindicaciones de la reunión celebrada en Vitoria por las siete comunidades autónomas con competencias en esta materia. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, expresó su confianza en que esta legislatura aporte cambios profundos, que permitan a Euskadi gestionar con mayor autonomía los medios materiales y el personal administrativo adscrito a la Administración judicial, que en el País Vasco suma 1.700 funcionarios.

Cataluña, Canarias, Andalucía, Navarra, Valencia, Galicia y Euskadi remitieron ayer mismo al ministerio el texto de este acuerdo junto a un proyecto de regulación de un nuevo estatuto jurídico para los funcionarios y la propuesta de reformar la oficina judicial, de forma que los juzgados se modernicen en sus métodos de trabajo y en su organización para que presten así un mejor servicio a los ciudadanos.

La reclamación de más transferencias supone un recordatorio al Gobierno central de los acuerdos que ya adoptó con estas siete comunidades en la conferencia sectorial celebrada en Las Palmas de Gran Canaria en mayo y del posterior pacto para la reforma de la Justicia suscrito entre los dos principales partidos del país, PP y PSOE. Entre otros aspectos, a las autonomías se les garantizó que dispondrán de un mayor control sobre el personal de las nuevas oficinas judiciales y que gozarán de unos tribunales superiores con más competencias. La idea es llegar a una verdadera justicia regional que, salvo excepciones, resuelva sus debates dentro del marco de cada comunidad autónoma.

Según un informe elaborado por la comisión técnica que asesora a los siete consejeros, la titularidad autonómica en materia de Justicia evidencia una mejora de la gestión y un incremento de los presupuestos destinados a este servicio público. A lo largo de este año, las siete comunidades (que representan más del 65% del territorio español y el 61,2 de la población) manejarán un presupuesto global cercano a los 130.000 millones. Además, justifican la necesidad de completar las transferencias por la 'eficacia' demostrada en la aplicación de varias leyes, como la de Responsabilidad Penal de los Menores (que obliga a destinar más recursos a las comunidades), la de Enjuiciamiento Civil, la del Jurado y la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Azkarraga también destacó el desarrollo de infraestructuras judiciales, la creación de nuevos órganos y la apuesta por la innovación informática en las oficinas judiciales como otros de los logros alcanzados gracias a la autonomía.

La descentralización del Poder Judicial también ocupó una parte de la reunión. En la resolución final figura también el impulso de un estudio sobre las competencias del Consejo General del Poder Judicial que podrían ser ejercidas por el mismo órgano, pero de una forma territorializada. De esta forma se adaptaría el funcionamiento de este órgano a las autonomías. 'Ya es hora de que las comunidades puedan empezar a tomar decisiones relativas a la política judicual que afecta a sus ciudadanos', remachó Azkarraga.