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CONSEJO DE MINISTROS

Hacienda mejora los planes de pensiones y baja los impuestos a las empresas

Las plusvalías obtenidas por la venta de activos que se reinviertan tributarán al 18%

El Consejo de Ministros aprobó ayer un amplio paquete de medidas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó como 'la respuesta a la incertidumbre internacional'. El impuesto de sociedades se reforma en aspectos sustanciales y también se amplían las ventajas de los planes de pensiones, tanto individuales como de empleo. Se trata de nuevos estímulos al ahorro y la inversión, cuyo coste Montoro no quiso explicar pese a estar contemplado en los Presupuestos de 2002. Una de las principales medidas consiste en ampliar el abanico de empresas que pueden acogerse al tipo reducido del IRPF (30%). Otra de ellas consiste en rebajar del 35% al 18% el tipo impositivo para las plusvalías empresariales.

El ministro de Hacienda ha sacado del cajón la reforma del impuesto de sociedades que preparaba a principios de este año y que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, le paró en seco. Rato dijo entonces que la fiscalidad de las empresas era homologable a la europea y que, mientras los empresarios no colaborasen en la lucha contra la inflación, no habría rebaja de impuestos para ellos.

Desde entonces ha llovido mucho y Montoro ha puesto sobre la mesa del Consejo de Ministros una amplia reforma del impuesto de sociedades que prácticamente incluye todo lo importante, salvo la rebaja del tipo general (el 35%). La propuesta de Montoro introduce también nuevos incentivos fiscales a los planes de pensiones, tanto individuales como de empleo. Y todo ello unos días después de que entrasen en el Congreso los Presupuestos de 2002, donde quedarán incluidas estas reformas, entre las que se ha descartado la rebaja de los aranceles notariales por cancelación de hipotecas.

Las medidas formarán parte de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002, que se aprobará la semana próxima. El Gobierno ya hizo un primer envío del anteproyecto de esta ley al Consejo Económico y Social (CES) la pasada semana, y ayer se hizo esta segunda entrega. Una vez recibidas las observaciones del órgano consultivo, el proyecto de ley se enviará al Congreso para su tramitación de aquí a final de año junto con los Presupuestos. Todo el bloque legal entrará en vigor en enero de 2002.

Pese a que, según Montoro, las novedades fiscales aprobadas ayer ya están contempladas en los Presupuestos, el ministro se negó a explicar su impacto económico. Las principales reformas son las siguientes:

- Pequeñas empresas. Se amplía de tres a cinco millones de euros el límite de facturación anual a partir del cual una empresa puede beneficiarse del trato favorable para las pymes en el impuesto de sociedades. Las empresas que cumplan este requisito tributarán por sus primeros 90.000 euros de beneficio al tipo reducido del 30%, en lugar del 35% general. La medida beneficia al 90% de las empresas españolas.

- Plusvalías. Las plusvalías o ganancias que las empresas obtengan por la venta de sus activos o bienes (por ejemplo, un edificio) pasan a tributar al tipo del 18%, frente al 35% actual, siempre que se reinviertan. Ahora, las plusvalías reinvertidas no pagan durante los tres años posteriores a la venta, pero a partir del cuarto tributan por séptimas partes al 35% hasta el décimo año. A partir del 1 de enero del año que viene, las plusvalías se deducen un 17% en el momento en que se producen, y al cabo de los tres años pagan el 35%, luego la tributación real es del 18%. Este tipo impositivo es el mismo que se aplica para las personas físicas en el impuesto sobre la renta. La reforma aprobada ayer incluye un periodo transitorio para las empresas que se encuentran pendientes de tributar por plusvalías anteriores.

- Desarrollo tecnológico. Se introduce una nueva deducción del 10% para las empresas que inviertan en activos destinados a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, con excepción de los inmuebles.

- Concentraciones. Las reinversiones de plusvalías obtenidas por empresas obligadas a vender activos en cumplimiento de normas de defensa de la competencia estarán exentas. La medida entra en vigor para las decisiones de las autoridades de la competencia a partir del 1 de enero de 2002.

- Fondo de comercio. El plazo para amortizar el fondo de comercio (marca, red comercial, cuota de mercado) se amplía de 10 a 20 años. Esta medida se aplica en las fusiones y adquisiciones, y permite reducir el beneficio declarado y el impuesto de sociedades que se paga. También se podrá aplicar a la compra de valores extranjeros.

- Otras normas. Los grupos de empresas podrán consolidar el balance a efectos fiscales cuando el porcentaje de participación supere el 75% (ahora, el 90%). La medida permitirá compensar pérdidas y ganancias de unas empresas y otras. En general, las pérdidas se podrán compensar en los 15 años posteriores, hasta ahora 10. La deducción por las provisiones que se efectúen por deudores morosos no habrán de esperar un año, sino que bastará con seis meses. Si en este plazo no se ha producido el cobro, se podrá aplicar la deducción.

- Planes de pensiones. Tanto los planes de pensiones individuales como los de empleo mejoran su tratamiento fiscal. En los de empleo, las empresas que hagan aportaciones en favor de sus empleados podrán deducir un 10% de su cuota del impuesto de sociedades. Tanto en los individuales como en los de empleo, se suprimen los porcentajes que limitaban las aportaciones, de forma que sólo existirá un tope máximo anual de 7.212 euros. Para las personas mayores de 52 años, este límite aumentará en 1.202 euros por cada año, hasta un máximo de 22.838 euros. Una persona podrá tener un plan de empleo y uno individual por un máximo de 7.212 euros cada uno y no con límite conjunto, como ahora.

- Investigación. Se facilitará la movilidad de los investigadores para su traslado temporal a empresas, asegurando el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante cuatro años. Se facilita la creación de empresas de base tecnológica, y para ello dispondrán de hasta 15 años para compensar fiscalmente las pérdidas. También se permite a los organismos públicos de investigación firmar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas y con empresas privadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2001