Barberá planta a los alcaldes de Quart, Paterna y Mislata para tratar sobre el mercado de droga
Los ediles exigen al subdelegado del Gobierno más presencia policial en la zona
Los alcaldes de los municipios afectados por el mercado de la droga instalado en una explanada localizada entre Mislata, Paterna y Quart de Poblet, excepto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, se reunieron ayer con el subdelegado del Gobierno, José Vicente Herrera, para exigirle medidas urgentes de intervención. El resultado del encuentro fue 'decepcionante' para los tres ediles. Según ellos, Herrera se limitó a escuchar sus quejas y a recoger su petición de mayor presencia policial y la creación de unidades en hospitales para tratar a los toxicómanos sin dar ninguna solución.
El problema derivado de la concentración habitual de unos 500 toxicómanos en una zona sin urbanizar que linda con Mislata, Valencia, Quart de Poblet y Paterna llegó ayer en forma de queja presentada personalmente, excepto por parte de la alcaldesa de Valencia, por los ediles de los diferentes municipios. Durante más de una hora se entrevistaron con el subdelegado del Gobierno -lo que incomodó a los alcaldes porque esperaban encontrar a la delegada, Carmen Mas- y salieron con una sensación de que poco habían resuelto. Francisco Borruey, alcalde de Paterna, explicó tras la reunión: 'Le hemos dicho muy claro que no queremos que sufran las consecuencias de este problema las poblaciones de ningún lugar sino que hay que dar soluciones'. La primera medida, según Borruey, que exigieron los alcaldes, 'es que no se acerquen a las poblaciones, que estén en un lugar en el que no afecten a los ciudadanos y procurar que las alternativas sociales, como la creación de hospitales, se activen ya y no tengamos que venir cada seis meses a reclamarlas'. El objetivo, añadió, es que desde centros especializados se traten las conductas adictivas con todos los recursos necesarios. 'Seguro que a través de una ley se pueden implantar mecanismos que ayuden a curar a estas personas', agregó.
Los tres ediles exigieron el refuerzo policial en los tres municipios, lo que equivale, tal como reconocieron, a establecer 'un cerco policial al mercado de la droga'.
El silencio del subdelegado del Gobierno, según los alcaldes, encontrará respuesta. 'Tomaremos medidas y movilizaremos a los ciudadanos de nuestros municipios', apuntó Borruey.
Tanto el alcalde de Paterna, Francisco Borruey, como la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, denunciaron una posible connotación política en este tema (ambos son del PSPV frente al primer edil de Mislata, Manuel Corredera, y la alcaldesa de Valencia, que son del PP. 'La forma de demostrar que no hay connotación política es que la protección policial no sea sólo para Valencia y Mislata sino que todas las comisarias trabajen juntas, coordinadas con policía local, para solucionar el problema', dijo Camen Martínez. La alcaldesa de Quart instó a la Generalitat a cumplir con sus responsabilidades. 'Que no sólo se ceda cuando hay presión vecinal'.
Presiones políticas
El relato de lo sucedido los últimos días en la mercado de droga de Mislata pasa por una actuación policial más pendiente de su frontera territorial de actuación y de la fuerza de determinados alcaldes que de la intervención necesaria. Así lo explican los ediles más afectados. El alcalde de Mislata se felicitó por el traslado de los alrededor de 500 toxicómanos porque ya no están en su jurisdicción, aunque siguieran transitando por las mismas calles y ante los mismos vecinos. La policía atrinchera posiciones para que el colectivo de drogodependientes no pise un centímetro de lo que sería suelo bajo el mando de Rita Barberá. Y su compañero del PP, alcalde de Mislata, moviliza recursos y optimiza los de su colega de filas en el mismo sentido. Son los alcaldes socialistas de Paterna y Quart los que se ven obligados a desplazar efectivos de policía local hacia el punto de venta de drogas. Al ser menos agentes, el tránsito por espacios de sus municipios es más fácil. Mientras aún quedan pendientes de implantar los compromisos que los consejeros de Sanidad, Serafín Castellano, y Bienestar Social, Rafael Blasco, suscribieron en primavera por el problema de la droga, la policía pasea a los toxicómanos en la frontera de cuatro municipios.
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