El PP impone su mayoría en Huelva para evitar que una comisión investigue el 'caso Isla Chica'

El PP en el Ayuntamiento de Huelva, que gobierna con mayoría absoluta, se opuso ayer a la creación de una comisión de investigación sobre el caso Isla Chica. En un tenso pleno, la oposición en bloque (PSOE, IU y un edil independiente) exigió la comisión para aclarar si el alcalde, Pedro Rodríguez, ha tenido relación empresarial, directa o indirecta, a través de la empresa Construcciones Saltés S.A, en la venta realizada en junio de 1999 de los terrenos del Estadio Colombino a la inmobiliaria Odeinsa, por valor de 2.700 millones de pesetas, con el objetivo de sanear económicamente al Recreativo de Huelva.

La negativa del PP se produjo tras un debate municipal intenso, en el que los portavoces de la oposición y del equipo de gobierno se dedicaron mutuamente un rosario de descalificaciones. El pasado miércoles, un juzgado de Huelva y el fiscal jefe de esta provincia, Francisco Ontiveros, remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus investigaciones en torno al caso, ya que Pedro Rodríguez es aforado (es parlamentario autonómico).

Los informes judiciales, que suman casi 50 folios, reflejan que en la operación realizada hace dos años se cometieron supuestamente los delitos de prevaricación y malversación de fondos, además de uno contra la ordenación del territorio.

En la barriada de Isla Chica, una de las más populosas y masificadas de la ciudad, se pretende la construcción de más de 500 nuevas viviendas en los terrenos del estadio Colombino, según el proyecto diseñado por los arquitectos municipales.

El portavoz del PP y primer teniente de alcalde, Francisco Moro, dejó claro que el asunto va a ser investigado en Granada por el TSJA 'con la máxima transparencia' y, por lo tanto, 'no se va a permitir la apertura de una comisión municipal que, durante tres meses, provoque en Huelva un juicio paralelo y mediático como pretende el PSOE y el resto de la oposición'.

Moro subrayó: 'No se puede discutir sobre un asunto que es mentira, ya que el alcalde no tiene intereses inmobiliarios en la operación y, por eso, no le vamos a hacer el juego a la oposición. Si tiene algo que denunciar que lo demuestre'.

Mientras, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Juan Díaz Trillo, pidió la dimisión de varios ediles y comparó el caso Isla Chica con el escándalo de Gescartera: 'El alcalde debería seguir las actitudes de su partido en Madrid y llevar a cabo una labor de higiene democrática'. El portavoz popular contestó a esta recomendación: 'Díaz Trillo es un payaso. Ni yo ni ninguna persona del equipo de gobierno va a dimitir porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho y lo volveríamos a hacer'.

El responsable socialista considera que el alcalde 'ha comenzado a mostrar una actitud victimista que no le va a servir de nada, porque detrás de lo que él llama caso Recreativo hay negocio y corrupción'. En la misma línea se expresó el portavoz independiente y ex edil del PP, Francisco Nieves, quien pidió la dimisión de Rodríguez. 'Aquí ya no vale que el alcalde tire balones fuera, sino que se depuren de inmediato responsabilidades políticas a través de dimisiones previas', sentenció Nieves.

Al pleno acudió un grupo nutrido de la Plataforma Isla Chica, un movimiento vecinal que defiende zonas verdes para la barriada. Los vecinos, artífices de las denuncias presentadas ante el juzgado, no están dispuestos a permitir que se levante ni una sola vivienda en los terrenos donde se asienta actualmente el Estadio Colombino de fútbol.

Durante la sesión plenaria, el portavoz de IU, Manuel Rodríguez, aseguró que la posición contraria del PP a que se investigue el caso Isla Chica 'deja en evidente sospecha al alcalde, lo que demuestra, de alguna manera, que detrás de todo esto hay un pelotazo urbanístico que no merecen los vecinos de Huelva'.

El alcalde, según un comunicado del Ayuntamiento, presentó al secretario municipal, durante el pleno, un conjunto de documentos notariales en los que se demuestra que no es socio de Odeinsa. También entregó una certificación registral de la declaración de sus bienes correspondiente a los últimos seis años.