El coche oficial

En los prolegómenos de la democracia, cuando la Administración autonómica no tenía más solidez que los cuatro palos de un sombrajo y apenas presupuesto, los cargos públicos y sus edecanes que no habían dado un palo al agua durante el franquismo solían ser la mar de susceptibles en punto a los signos externos de su preeminencia y condición. Disponer de secretaria e incluso de pebetero eran un indicativo del poderío más expresivo que el propio nombramiento en el BOG. Dos secretarias y otros tantos pebeteros era la repanocha en tanto que delataban a alguien con mando en plaza y futuro despejado frente a quienes se arracimaban en habitáculos estrechos y exentos del menor adorno. El coche oficial con chófer quedaba reservado exclusivamente para las altas jerarquías.

En la medida que los dineros de la hacienda autonómica se han multiplicado y la Generalitat ha asentado sus reales, aquellos modestos signos originarios apenas son homologables con las crujías y despachos desde los que hoy se ejerce la función pública. Muebles de diseño, holgura, informática a toda pastilla y sólo ocasionalmente algunas apreturas decantadas del súbito crecimiento de éste o aquél departamento. Como debe ser. Después de todo, y al paso que vamos con las privatizaciones, la presencia del Gobierno se revelará únicamente por esta prestancia decorativa. Lo cierto es que ya son raras las protestas de los altos funcionarios acerca de su confort y medios.

Lo que no ha cambiado, sino todo lo contrario, se ha acentuado, es el uso del coche oficial. Tanto es así que, al parecer, el parque móvil de la Generalitat está sumido en el caos debido a la creciente demanda de servicio por parte de cuantas autoridades -que deben ser la tira- tienen derecho a instarlo o exigirlo. En alguna ocasión nos ha resultado llamativo este despliegue automovilístico, sobre todo cuando su saturación obliga a estacionar los vehículos conculcando todas las limitaciones, a los conductores consumir horas de espera y, a la postre, sus beneficiarios sólo se han desplazado unos centenares de metros para acudir al fasto oficial. 'Es por razones de seguridad', nos han explicado. Un salvoconducto que equivale a una licencia para no prescindir ni solo día de este momio.

A este respecto nos preguntamos, por ser una asunto que ha merecido cierta notoriedad, si el presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, fue obligado por las mentadas razones a echar mano del coche oficial -un vehículo de siete plazas- para asistir en el curso de sus vacaciones a la feria taurina de Beziers. Es posible que así sea, pero habría de dar una explicación convincente para despejar las dudas acerca de un episodio que tiene visos caciquiles y que delataría una triste concepción y funcionalidad del patrimonio público. Que un ministro de Defensa alemán se afane un avión para visitar a su novia en Mallorca no atenúa el derroche, sólo delata una ligereza igualmente censurable.

Nos consta, claro está, que hay usuarios del coche oficial que exprimen este servicio en beneficio común, así como otros se limitan a pasear su trasero, por aquello de la seguridad. El consejero de Economía, que no tiene un duro en las arcas, deberá distinguirlos por imperativo del ahorro, pues es obvio que el autocontrol no se practica.