Santana Motor descarta blindar los empleos 'privatizados', como pretende el comité de empresa

La dirección de la empresa automovilística Santana Motor se negó ayer a blindar las condiciones laborales de sus 1.032 trabajadores, tal y como exige el comité de empresa. El presidente de esta empresa pública andaluza, Salvador Durbán, advirtió de que si no se llegaba a un acuerdo con los sindicatos antes del próximo 30 de septiembre, se privatizará la mayor parte de la misma y 397 trabajadores pasaran al sector privado el 1 de octubre. El ultimátum fue expuesto por Durbán en el encuentro mantenido con el comité de empresa en un hotel en Sevilla.

Sólo la aportación de 4.000 millones, por parte del Gobierno central, lograría hacer frente a las reivindicaciones sindicales que quieren las mismas condiciones laborales existentes en Santana para aquellos que sean traspasados.

El presidente de Santana Motor se mantiene a la espera de que el comité de empresa dé un giró a las negociaciones y acepte las condiciones 'innegociables' de la dirección de la empresa, tras la decisión de vender al sector privado 13 líneas de trabajo de la factoría y quedarse sólo con las dos rentables: montaje y comercialización.

El encuentro entre ambas partes, de más de tres horas de duración, puso de manifiesto que los sindicatos no renunciarán en su pretensión de que se les garanticen las condiciones salariales y laborales existentes en la empresa automovilística de Linares a aquellos que sean trasladados a empresas privadas.

La inamovible posición sindical fue contrarrestada por Durbán exigiendo a los sindicatos el cumplimiento estricto del acuerdo sobre el Plan de Acción para Santana, firmado el pasado febrero, que incluía 'cualquier contingencia que pueda pasar', como la compensación económica de siete millones y medio de pesetas a aquellos trabajadores que pasen a otra empresa en peores condiciones y un mínimo de ocho millones para las bajas incentivadas.

Durbán advirtió asimismo de que la Junta 'ha cumplido su parte' del acuerdo, que ha costado 9.000 millones. Ahora se exige que los sindicatos asuman lo acordado hace siete meses y respaldado en asamblea por la totalidad de la plantilla.

El texto de dicho documento firmado el 20 de febrero también establecía que el grupo Santana 'tenía que tener' 631 trabajadores, 'al menos para solucionar el futuro de Santana', según Durbán. 'Y yo tengo que cumplir', subrayó el presidente de la firma.

La reunión entre Durbán y el comité de empresa culminó con el anuncio de la dirección de que 'no se financiarán más prejubilaciones' en Santana y que sólo con el compromiso del Gobierno central de financiar el 40% de los 9.000 millones aportados por la Junta harán posible atender las demandas de los sindicatos.

Este dinero se invertiría en cubrir medidas adicionales a las ya existentes en el acuerdo y 'se cumplen todas las reivindicaciones que hay encima de la mesa', por lo que, a juicio de Durbán, 'solucionarían todos los problemas que ahora mismo tienen los trabajadores'.

En un intento de cerrar la crisis que atraviesa Santana, la Junta está dispuesta a 'hacer más sacrificios financieros, a desatender otras políticas sociales en otros lugares de Andalucía y dedicar estos millones que pudiesen venir del Gobierno central a mejorar las condiciones sociales de los futuros ex trabajadores de Santana', añadió Durbán.

El comité de empresa dio por concluido el encuentro anunciando que continuarán las protestas hasta que se les garantice 'el mismo salario y convenio' a aquellos que sean traspasados a empresas privadas.

De momento, sólo el 50% del personal trasladable tiene garantizado el mantenimiento de las condiciones laborales de las que disfrutan en el convenio de Santana, ya que parte de las siete empresas que han firmado ya la adquisición de las líneas productivas de la fabrica así lo han establecido. La oferta laboral del sector privado asciende a 420 empleos, número superior al trasvase de personal que se va a realizar en la empresa de Linares.

La decisión de vender la mayor parte de la actividad de Santana Motor fue tomada por el IFA por las incesantes pérdidas de la misma. El pasado año las pérdidas económicas se elevaron a 7.000 millones de pesetas, una situación 'insostenible', según sus responsables. La única opción 'para garantizar el futuro' de la misma ha sido la adoptada, aseguraba ayer Durbán.