Jugar al fuera de juego

Sería un error político alimentar el victimismo nacionalista dejando fuera de juego al PNV, y eventualmente a CiU, en la renovación de los cargos institucionales que PP y PSOE negociarán esta semana. Hay 36 cargos a cubrir: los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los 12 miembros del Tribunal de Cuentas y 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional. Los delicados equilibrios que mantienen el Estado autonómico se resentirían si el criterio de favorecer la integración de los nacionalismos se supedita a otras consideraciones en el acuerdo final.

Es lógico que la negociación de la composición de los organismos institucionales recaiga fundamentalmente en PP y PSOE, que suman casi el 90% de los diputados. Pero la responsabilidad (y el sentido común) aconseja realizar esa negociación teniendo en cuenta el carácter autonómico, descentralizado políticamente, del Estado. Los nacionalistas son minoritarios en el Congreso, pero mayoritarios en sus comunidades. La negociación debería suplir aquí lo que en los sistemas federales garantiza la Cámara territorial.

La discusión se ha envenenado al mezclarse con el problema de la personalidad, demasiado marcada políticamente, de algunos candidatos. Desde luego, en un sistema de división de poderes sería deseable que los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial no fueran profesionales de la política, a fin de evitar una imagen de parcialidad. Lo mismo cabe decir de los miembros del Tribunal de Cuentas, entre cuyas funciones está la de fiscalizar los gastos de los partidos. Si ya el sistema de cuotas hace difícil romper esa imagen, la cosa se agrava si se produce un tránsito directo del escaño parlamentario a alguno de esos órganos (o a otros de supervisión como la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Pero es cierto que la ley no establece ninguna limitación al respecto. Si se quiere tomar en serio el problema, habría que establecerla, reformando la norma correspondiente. Mientras no se haga, podrá recomendarse, pero no imponerse, que los partidos presenten candidatos menos marcados que, por ejemplo, Margarita Uría, diputada del PNV.

El PP se escudó en esa condición para rechazar una propuesta de consenso de los socialistas que incluía a Uría para uno de los puestos vacantes del CGPJ. El propio PSOE ha vacilado luego, abandonando o retomando, en función de consideraciones partidistas, el criterio de que la presencia de los nacionalista era una cuestión casi de principio. No lo es que esté Uría, pero sí es esencial no dejar fuera al PNV. Las funciones del CGPJ -incluyendo la de proponer dos de los candidatos para el Constitucional- hacen políticamente conveniente esa presencia, como ha venido ocurriendo hasta ahora. También sería un error que en el intercambio de nombres quedara fuera del Tribunal Constitucional el candidato avalado por el nacionalismo catalán, aunque sea falso que ello suponga dejar de lado a Cataluña: CiU no es Cataluña, y sí ha sido propuesto un candidato catalán, aunque no sea nacionalista.

El Estado autonómico se inventó para facilitar la integración de los nacionalismos vasco y catalán. Es incongruente, por ello, ampararse en la abrumadora mayoría de los dos grandes partidos en el Parlamento para marginar a los partidos nacionalistas de las instituciones en las que se deciden cuestiones como los conflictos competenciales, por poner el ejemplo más obvio. Algunos dirigentes del PNV han recordado estos días el error que supuso su exclusión de la ponencia constitucional. Fue en error, incluso si Arzalluz se empeña ahora en decir que su partido en ningún caso hubiera respaldado una Constitución española. Quienes no comparten esa obsesión sobrevenida deberían ser los más interesados en evitar repetir el error.