Adopción rigurosa

Creyendo que se hace un bien, se puede cometer una barbaridad. Por querer ayudar a un accidentado sin saber bien cómo hacerlo podemos agravar sus lesiones. Por querer adoptar a un menor, podemos sumergirnos en la compraventa de seres humanos convirtiendo a un niño en una mercancía. En los últimos días se ha hablado mucho de la adopción internacional y de las redes de venta de menores, de parejas que pagan una cantidad a una mafia que ha negociado con las familias biológicas, ejerciendo incluso presiones psicológicas sobre las madres vulnerables.

La adopción es un derecho del niño que los padres adoptivos no pueden comprar con dinero para soslayar los debidos controles institucionales o ganar tiempo. La oferta económica y la prisa causan estragos en los países de origen de los menores: secuestros, compraventa y todo tipo de violación de derechos fundamentales. Por no hablar (¿o sí?) de la carencia absoluta de valores que supone el poner precio a un menor, recurriendo a cauces de adopción cuando menos dudosos para satisfacer un deseo legítimo de los padres, que puede chocar frontalmente con un derecho irrenunciable del menor: estar con su propia familia. Y podríamos hablar de bajeza cuando hay elección a la carta de niños o certidumbre de la irregularidad del proceso.

No pongamos como disculpa que así se contribuye al desarrollo económico, equiparando esta práctica a un programa de cooperación internacional, porque se logra más bien todo lo contrario. La Asociación Pro-Búsqueda de El Salvador ha localizado un número ingente de menores que fueron separados a la fuerza de sus familias y dados en adopción en el extranjero durante el conflicto armado de este país. Se han dado casos equiparables en otros países. La adopción de menores se convierte en tráfico ilegal de personas cuando el dinero y otros intereses están de por medio. El derecho del menor, con todas sus garantías, supedita las acciones de los padres adoptantes. Ante un conflicto de intereses, ante una duda: los niños primero.