España financia las actividades de la Iglesia católica con medio billón de pesetas al año

¿Un poder fáctico, como solía decirse durante el franquismo? La Iglesia católica española es, al menos, una poderosísima potencia económica, cultural, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos, como es lógico, al Estado. La fuerza del catolicismo español, medida en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sociales y de caridad, no tiene parangón porque se nutre de complicados y, a veces, inescrutables mecanismos de ingresos privados y, sobre todo, de financiaciones y subvenciones públicas.

Así, el Estado, a través de sus administraciones central, autonómica y municipal, aporta cada año en torno a 586.000 millones de pesetas a la Iglesia católica en sus diferentes y numerosísimas manifestaciones. De ese medio billón largo, sólo 21.750 millones proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado que aprueban las Cortes, de los que apenas 15.000 millones corresponden a la asignación tributaria que los fieles atribuyen a su religón mediante el 0,5239% de la cuota en la declaración del IRPF. El resto sale de las arcas de varios ministerios de Estado -Educación y Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales- y de los presupuestos de las consejerías equivalentes de los Gobiernos autónomos. EL PAÍS tiene constancia, incluso, de ayudas para obras de interés eclesiástico financiadas por una Consejería de Medio Ambiente.

Educación y caridades

Es en el campo de la asistencia social y de la caridad -donde Cáritas es el buque insignia, con una labor imponente y 25.877 millones de recursos invertidos-, y en el sector de la enseñanza, donde las organizaciones católicas reciben más dinero del Estado. Por ejemplo: sólo en sueldos para pagar a los 33.440 profesores de catolicismo que actúan en el sistema educativo -de los que 15.600 imparten doctrina en los colegios públicos-, el Ministerio de Educación y las respectivas consejerías autonómicas gastan algo más de 100.000 millones por curso, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que todo el sistema de conciertos con las instituciones eclesiales alcanza los 420.000 millones en subvenciones, algo más del 85% de lo que el Estado aporta para toda la enseñanza privada concertada.

En esos conciertos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. Por autonomías, a título indicativo, Asturias destinó el año pasado a esa partida 9.836 millones; Cantabria, 4.979 millones; y -ahora con datos de 1998, últimos oficiales- Cataluña gastó 82.220 millones; Andalucía, 54.340 millones y el País Vasco, 54.438 millones. Los profesores de religión del sistema público cobran 285.955 pesetas mensuales los de secundaria, y 214.625 pesetas, los de primaria, siempre, como es lógico, en cantidades brutas. Su salario es sensiblemente superior al de sus colegas en el sistema privado concertado, pero aquí el número de profesores se dispara, figurando en nómina, incluso, un denominado 'coordinador pastoral'.

La imponente actividad educativa de la Iglesia se resume en: 45.240 aulas, 1.500.037 alumnos y 80.959 profesores en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y enseñanza universitaria, donde diferentes órdenes eclesiásticas son propietarias de seis universidades -la de Deusto, de los jesuitas; la de Navarra, del Opus Dei; la de San Pablo-CEU, en Madrid, de la Asociación Católica de Propagandistas; las pontificias de Comillas y Salamanca; y las universidades católicas de Murcia y Ávila- y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias -sobre todo, de Enfermería y de Magisterio-, y 72 institutos superiores.

Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, fuertemente respaldado por sus fieles y por los presupuestos estatales, además de la gran diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas y entidades tipo Hermanitas de los Ancianos Desamparados, subvencionadas este año por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 277 millones -Cáritas recibió por el mismo concepto 1.438 millones-, aunque esas ayudas suelen ser completadas por autonomías o municipios allí donde la institución cuenta con asilos y residencias.

Los capellanes

Otra fuente de financiación de gran envergadura a cargo del Estado -por encima de los 6.000 millones de pesetas en conciertos y subvenciones- son los centros hospitalarios propiedad de la Iglesia (116), y los centros de caridad y sociales como ambulatorios y dispensarios (180); casas de ancianos, inválidos o disminuidos psíquicos (865); orfanatos (323); guarderías infantiles (417); centros especiales de reeducación (325) y 'otros centros de caridad y sociales' (717). El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (oficialmente, 510 capellanes a tiempo completo y 297 a tiempo parcial: en total, salarios por valor de 3.700 millones el año pasado), los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de vicario general.

Capítulo aparte, muy relevante, son las subvenciones o ayudas directas a la Iglesia para su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 130 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Para sostener ese patrimonio, las administraciones públicas han gastado en los últimos 20 años decenas de miles de millones. Cuatro ejemplos: el año pasado, la Generalitat de Cataluña presupuestó 377 millones para obras en edificios de propiedad eclesial, pero no incluyó en esa partida cuantiosos gastos en museos episcopales en cuyos patronatos participa la Generalitat, como el de Vic, al que el departamento de Cultura aportó íntegramente el coste de construcción de la nueva sede. Otro tanto pasa con Castilla-La Mancha: presupuesta este año 597 millones pero subvenciona, además, otras restauraciones o exposiciones de la Iglesia. O el caso de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños, que no sólo ayudaron en 1997 con unos 750 millones a la finalización de la catedral de La Almudena, sino que cada año añaden millones para otras propuestas episcopales.