Grupos estadounidenses alzan la voz contra el poder excesivo que tendrán las agencias de espionaje

El Gobierno de Estados Unidos prepara un amplio paquete de medidas dirigidas a prevenir y combatir el terrorismo. Esas medidas pueden causar, sin embargo, 'daños colaterales' en los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses, según una coalición muy diversa de grupos privados que empieza a formarse para combatir los aspectos más discutibles de ese aún inconcreto paquete legislativo.

Organizaciones conservadoras como la Fundación del Congreso Libre, progresistas como el Centro para la Democracia y la Tecnología e incluso la poderosa y nada liberal Asociación Nacional del Rifle confluyen en la coalición. Jerry Berman, director del Centro para la Democracia y la Tecnología, recuerda que la Casa Blanca y el Congreso tienden históricamente a restringir las libertades en épocas de crisis.

'Años después, descubrimos que una orden ejecutiva aprobada para combatir a los nazis durante la II Guerra Mundial acaba siendo utilizada para sabotear las actividades de Martin Luther King', declaró Berman a Los Angeles Times. La incipiente coalición es coordinada por Morton Halperin, un ex funcionario del Departamento de Estado que lleva 17 años trabajando para la Unión Americana de Libertades Civiles.

La coalición se pondrá en contacto la semana próxima con la Casa Blanca y con los líderes del Senado y la Cámara de Representantes, para rogarles prudencia y que 'resistan la tentación de aprobar medidas en la creencia, errónea, de que cualquier cosa llamada antiterrorista proporcionará mayor seguridad', según el borrador del manifiesto conjunto que preparan los distintos grupos.

Bradley Jensen, subdirector de la Fundación para un Congreso Libre, indicó que los distintos miembros de la coalición compartían, por encima de diferencias ideológicas, 'el deseo de mantener la cabeza fría y actuar responsablemente'. La Asociación Nacional del Rifle, uno de los lobbies más poderosos de EE UU, aún no ha tomado una decisión final sobre su ingreso en la coalición. 'No creemos que se pueda hacer más fuerte al país haciendo a la gente menos libre', declaró su jefe ejecutivo, Wayne LaPierre.

Una de las medidas que contempla el Gobierno consiste en recuperar una vieja idea contra el blanqueo de dinero ya desestimada por el Congreso en 1999 y centrada en los bancos. El proyecto es conocido como Conozca a su cliente; en caso de aprobarse, obligaría a los bancos a confeccionar un perfil de cada uno de sus clientes (basándose en nacionalidad, procedencia y regularidad de los ingresos, gastos y demás) y a controlar todas las transacciones. Otra de las medidas que reclaman algunos parlamentarios haría obligatorio que cada ciudadano llevara un documento de identidad en el que se especificara su país de origen. La coalición no confía en que los jueces hagan una aplicación juiciosa del paquete antiterrorista en preparación. 'En momentos de crisis nacional, los tribunales siguen las consignas del poder ejecutivo y militar', señaló Steve Wermiel, profesor de Derecho en la Universidad Americana.

'El derecho a la privacidad ya no figura entre las prioridades nacionales', comentó Larry Ponemon, director del Consejo de la Privacidad, un despacho jurídico con sede en Tejas. Varias docenas de leyes sobre protección de la intimidad estaban en distintas fases del trámite parlamentario antes del día 11; las posibilidades de que se aprueben son mucho menores tras los atentados, según Ponemon.