Archivada provisionalmente la denuncia contra altos cargos de San Fernando por el 'caso Uriva'

La juez de Instrucción número 13 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa que se investigaba contra cuatro altos cargos de la Caja San Fernando de Sevilla y otros 11 imputados por el denominado caso Uriva. Este proceso parte de la denuncia presentada por el ex jefe de los servicios jurídicos de la propia caja de ahorros en la que se relataba una operación inmobiliaria de la empresa Uriva, sociedad participada en un 40% por la Caja San Fernando, y en la que presuntamente podrían haberse cometido varios delitos societarios. La parte denunciante ya ha recurrido el sobreseimiento.

Según la denuncia formulada el 15 de diciembre de 1999, la firma Uriva, SA -de cuyo consejo de administración formaban parte varios directivos de Caja San Fernando en representación del 40% de la entidad- realizó una operación inmobiliaria de compraventa de una finca urbana en Sevilla. La operación, según se relata en la denuncia, se financiaba mediante una póliza de crédito otorgada por la propia entidad de ahorros sevillana por un importe superior en 250 millones de pesetas al valor de la compraventa.

Entre los delitos denunciados por el ex jefe de los servicios jurídicos de la Caja, Ignacio Guzmán -que también en el momento de la operación era consejero de Uriva- se encuentra una presunta falsedad documental, malversación de caudales públicos y otros delitos societarios. Guzmán se negó a participar en dicha operación por considerar que la actuación era 'no sólo ilegal sino manifiestamente delictiva'.

De la denuncia resultaron imputados el subdirector general de Institucional, José Manuel Amores Zurita; el subdirector general de Recursos de la Caja, Manuel Piñar Parias; el secretario general de la entidad, Santiago Romero Calero, y Luis Manuel Martín Elias, director del área comercial. Además, fueron imputados los cinco consejeros privados de Uriva, un apoderado de la Caja de Ahorros El Monte, y otras cinco personas vinculadas a la sociedad CES, radicada en El Puerto de Santa María, dedicada a la construcción. Según consta en las actuaciones, Uriva justificó con facturas de la sociedad constructora los 250 millones de sobreprecio de la operación, alegando que ese dinero era parte de un pago por trabajos de CES.

Como consecuencia de la denuncia, el jefe de los servicios jurídicos fue despedido, si bien posteriormente una sentencia del juzgado de lo Social, confirmada por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declararon 'nulo' el despido y obligaron a la 'inmediata readmisión' del demandante. El fallo se encuentra recurrido en casación ante el Supremo por la Caja San Fernando.

El sobreseimiento provisional del caso Uriva fue acordado por la juez, después de que el fiscal encargado del mismo presentase un escrito de casi tres folios solicitando el cierre de la causa. Fuentes de la fiscalía indicaron ayer que 'el informe es suficientemente amplio, claro y exhaustivo' para solicitar el sobreseimiento. La fiscalía entiende que las facturas de la constructora portuense justifican los 250 millones. Además, al no existir denuncia de la Caja San Fernando como perjudicada, consideran finiquitado el asunto. No obstante, el fiscal ha pedido a la juez que remita toda la información de los pagos a la Agencia Tributaria por si de ellos se hubiera derivado algún incumplimiento de pago al fisco.

Cierre en falso

Por otro lado, fuentes de la parte denunciante calificaron la decisión judicial como 'un cierre en falso' del asunto. Estos medios indicaron que la causa de sobreseimiento esgrimida en el auto de la juez era la 'inexistencia de indicios claros de delito'. Asimismo, añadieron que la decisión judicial fue notificada el pasado 7 de septiembre y que ya se ha formulado el correspondiente recurso de reforma ante la Audiencia.

Por su parte, fuentes de la dirección de la Caja San Fernando no quisieron pronunciarse sobre el asunto, si bien confirmaron el auto de sobreseimiento y archivo así como el conocimiento de la posibilidad de recurso.

Otra de las consecuencias del caso Uriva fue la destitución de su cargo y el traslado forzoso de Carmen Fornelino Díez, directora de la oficina de la red de empresas de Caja San Fernando en el edificio Presidente de Sevilla. Según la sentencia que publicaba ayer este periódico, Carmen Fornelino Diez, comunicó a sus superiores la existencia en su oficina de una operación por valor de 250 millones de pesetas realizada por la mercantil Uriva, SA, en el marco de las instrucciones legales relativas a la prevención del blanqueo de capitales. Dicha comunicación fue contestada por el interventor general de la Caja a la directora en el sentido de que 'los hechos comunicados no estaban en curso de declaración obligatoria de operaciones y por tanto no procedía su comunicación al correspondiente servicio del Banco de España'.

Además, Fornelino Diez prestó declaración como testigo en las diligencias penales del caso Uriva. Esta declaración, según recoge como hecho probado la sentencia de despido de Fornelino, 'provocó malestar en la cúpula de la Caja' y llevó a la entidad a valorar incluso su despido.