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Editorial:

Reformas educativas

Durante el curso académico 2001-2002, que se inicia estos días, se aprobará previsiblemente la nueva Ley de Universidades, que ahora entra en el Parlamento, y seguramente también las de reforma de la formación profesional, en trámite de consulta al Consejo de Estado, y la de la ESO, cuyo borrador todavía no ha sido presentado al Consejo de Ministros.

La reforma más trascendente es la de la educación secundaria obligatoria (ESO), que afecta a los chicos y chicas de 12 a 16 años. Una de las novedades de la LOGSE fue la introducción de este tramo que prolongaba la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, lo que ha tenido gran repercusión sobre la estructura y el nivel de los estudios secundarios, ya que ha integrado en las aulas a alumnos que antes abandonaban el sistema y a los que en muchos casos es ahora difícil motivar.

La integración de centros privados, en forma de concertados, tuvo la virtud de reducir distancias en la educación que recibían los jóvenes de diferentes clases sociales, propiciando el acceso generalizado a los concertados y mejorando ostensiblemente la calidad de los públicos. Hay indicios, sin embargo, de una separación progresiva entre los sectores de los centros públicos y los concertados, en los medios disponibles y en la capacidad para zafarse de las dificultades relacionadas con la integración de alumnos conflictivos o necesitados de un apoyo especial.

La sociedad exige cada vez más de la escuela y de los profesores, pero no parece demasiado dispuesta a corresponsabilizarse y a poner los medios necesarios para sacar adelante una educación problemática. Los alumnos deben aprender cosas útiles para sus estudios universitarios, idiomas modernos, informática, música, economía, pero también debe aumentarse el contenido en humanidades o matemáticas, adquirir una base de conocimientos universales y profundizar en las peculiaridades autonómicas o locales. A la vez, deben ser educados en valores y actitudes, y hasta en normas de urbanidad que han sido tradicionalmente función de las familias. Compaginar todas estas demandas es una tarea difícil en un contexto de muy distintas motivaciones y aptitudes individuales.

Una tarea sobre la que todo el mundo tiene su solución, pero sobre la que no se consulta casi nunca a los profesores, que son quienes día a día se encuentran con las dificultades y tratan de resolverlas en la práctica. Y éste es, a la postre, el principal problema y la única posibilidad de solución: el apoyo a los centros y profesores y la discusión con ellos de las medidas que conviene tomar. No vale, en este punto, escudarse en la autonomía de los centros. Está claro que los hay con muy diversas problemáticas y que requieren, por tanto, distinto tratamiento y organización interna, pero una actitud más confiada de las administraciones, responsables políticos y expertos en educación en el buen juicio y las capacidades de los maestros sería un buen punto de partida, junto con los recursos materiales y humanos necesarios para transformar un tramo que se está revelando crucial en el conjunto de la educación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de septiembre de 2001