Cuiña debería dejar sus negocios para continuar en la Xunta, según Hacienda

La Junta Consultiva de Contrataciones del Ministerio de Hacienda dictaminó el pasado marzo que el consejero gallego de Obras Públicas, Xosé Cuiña, probable sucesor de Manuel Fraga, no puede ser a la vez miembro del Gobierno y accionista de empresas que subcontratan con la Administración. Según ese dictamen, Cuiña tendría que vender el 16% de las acciones del grupo de empresas de su familia tres meses después de haberlas heredado de su padre, fallecido en mayo de 2000.

A partir de un pequeño negocio familiar, los hermanos de Cuiña han creado desde finales de los 80 un importante grupo de empresas de material para la construcción, presidido por la madre del consejero, que factura unos 5.000 millones de pesetas al año. Esas empresas han actuado como subcontratistas en numerosas obras licitadas por las administraciones públicas, incluida la Xunta.

El pasado mayo, tras la muerte de su padre, Cuiña recibió en herencia el 16% de las acciones del grupo. Antes de que la distribución prevista en el testamento se formalizase, el consejero pidió un informe a la asesoría jurídica de la Xunta, que dictaminó que, aunque la cuestión es 'dudosa', su presencia en el capital de las empresas 'podría ser causa de incompatibilidad'. Cuiña se dirigió entonces a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda para recabar su opinión y remitirle a la vez un informe privado del catedrático de Derecho Administrativo Rafael Gómez-Ferrer que sostenía la tesis contraria a la asesoría de la Xunta.

La Ley de Incompatibilidades de Galicia establece que los altos cargos de la Xunta no pueden poseer una participación superior al 10% en empresas que tengan 'conciertos o contratos' con la Administración. En caso de recibir esas acciones en herencia, deberán deshacerse de ellas en el plazo de tres meses. Las dudas se referían a si los términos 'conciertos o contratos' abarcan también a las subcontrataciones que realizan empresas adjudicatarias de proyectos públicos. El informe de Hacienda considera que, en lo que se refiere a las incompatibilidades, las subcontratas son equivalentes a los contratos directos con la Administración. La Junta Consultiva alude a la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada en 1999, tras cuya entrada en vigor, advierte el informe 'ya no será posible subcontratar con personas incompatibles'. La incompatibilidad no afectaría a la empresa en sí, que puede seguir subcontratando obras públicas siempre que no tenga un alto cargo entre sus administradores, pero sí al miembro del Gobierno, obligado a deshacerse de sus participaciones.

Tras conocer las opiniones de Hacienda, el propio Manuel Fraga reclamó un informe al Consejo Consultivo de Galicia, un órgano cuyos miembros designa él mismo entre juristas de prestigio. El consejo emitió el pasado 8 de junio un dictamen en el que expresa una opinión contraria a la de Hacienda. Con ese informe en la mano, Cuiña inscribió las acciones recibidas de su padre en el registro patrimonial de altos cargos pero no en el de actividades, que exige una comprobación previa de posibles incompatibilidades. El consejero explicó ayer que el traspaso de la herencia aún no se ha formalizado.