Manifestación en Terrassa contra la criminalización de los 'okupas'

Medio millar de personas vinculadas al movimiento okupa e independentista se manifestaron ayer en Terrassa para solicitar la libertad de Peru Álvarez, Diego Sánchez, Zigor Larredonda y Laura Riera (ésta última vecina de Terrassa), detenidos por su presunta vinculación a la banda terrorista ETA.

Momentos antes de iniciarse la protesta, una treintena de skin-heads (cabezas rapadas) se congregaron en actitud provocadora a unos 20 metros de los manifestantes, al otro lado de la plaza del Ayuntamiento. En formación de pelotón y con los brazos cruzados, los cabezas rapadas se encararon a los manifestantes. La intervención de la Policía Municipal evitó el enfrentamiento entre ambos grupos. A petición de los agentes, los jóvenes que pretendían sabotear el acto se marcharon, no sin antes despedirse con el saludo nazi.

Los integrantes de la manifestación okupa llamaron a la calma y optaron por no responder ante la actitud provocadora del segundo grupo. Cuando éste abandonó el lugar, los manifestantes iniciaron un recorrido pacífico por las principales calles de Terrassa pidiendo la no criminalización de los movimientos sociales y exigiendo el fin de la tortura y de lo que consideran unos montajes policiales.

Denuncias de torturas

Con banderas independentistas y otras de distintos colores con las que simbolizaban la diversidad, los manifestantes llegaron a la altura de los juzgados de Terrassa gritando consignas como 'Valdecasas dimisión', 'Fuera la ley antiterrorista' y 'Aquí como en la dictadura, se tortura'.

Al llegar a los juzgados, un joven vestido de negro empezó a apalear a otro que se había cubierto la cara con una bolsa de plástico. De esta forma, los manifestantes pretendían denunciar las torturas a las que, según ellos, han sido sometidos los detenidos, entre ellos la joven de Terrassa Laura Riera, de 23 años, acusada de facilitar información al reconstituido comando Barcelona, desmantelado a finales de agosto.

Perteneciente al movimiento okupa, Riera había trabajado en el Ayuntamiento de Terrassa, en el Departamento de Multas. Tras ser detenida, el consistorio abrió una investigación para averiguar a qué datos tuvo acceso desde su lugar de trabajo, ya que trascendió que el juez de la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión por considerar que había facilitado a ETA información sobre el domicilio y el coche del concejal del PP de Viladecavalls, asesinado por la banda terrorista con una bomba colocada en su vehículo. El Ayuntamiento de Terrasa concluyó que la joven no accedió a información privilegiada, sino sólo a la derivada de su trabajo.

El alcalde de Terrassa, el socialista Manuel Royes, admitió que el Ayuntamiento conocía la relación de Riera con el movimiento okupa, pero añadió que ello no es motivo de despido.